Un juez pide investigar la posible conexión entre la SICAV Bussola 99 y las empresas que compraron viviendas del IVIMA

El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha dictado una providencia, a solicitud del Ministerio Fiscal, en la que, entre otras cosas, solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude un informe sobre las posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en la operación de compras del IVIMA y la SICAV Bussola 99.

Así, el juzgado demanda esclarecer las "posibles relaciones económicas" entre Bussola 99, Azora Gestión, Encasa Madrid y Goldman Sach Group. Del mismo modo, se ha solicitado una valoración económica de las 2.935 viviendas vendidas, así como las justificaciones de los gastos de tramitación y tasación.

Además, el juez ha citado a declarar como testigos el próximo 30 de noviembre al jefe del Área de Contratación de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Fernando Pascual Santodomingo; a la interventora delegada de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Beatriz Solano Merino, y a la arquitecta de ST Sociedad de Tasación, Beatriz Ibernón Sánchez.

Ya en 2013 el PSOE insinuó que Goldman Sachs era la empresa que gestionaba la SICAV Bussola 99, en la que el ex consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda, Pablo Cavero, y su familia, tenían supuestamente sus ahorros. Los socialistas también indicaron que Pablo Cavero fue consejero de la SICAV hasta que le sustituyó como consejera una hermana.

De este modo, la querella por malversación de fondos públicos y prevaricación contra los responsables de la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs toma un nuevo impulso con la petición a la Comunidad de Madrid y a otros organismos de nuevos documentos y con las citaciones a declarar de nuevos testigos.

El tribunal ha solicitado también la práctica de una valoración de los inmuebles enajenados a fin de conocer el valor real de los mismos. Se trata de un total de 7.929 inmuebles, de los cuales 2.935 eran viviendas en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra y el resto plazas de garaje, aparcamiento y locales.

Entre las diligencias dictadas, hay peticiones sobre justificación de gastos, cuestiones referentes a la tasación de las viviendas e incluso datos sobre una supuesta reunión entre los representantes de dos de las empresas licitadoras con responsables del IVIMA o de la Consejería de Vivienda.

Tal y como señala la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) "las diligencias que solicita la fiscalía coinciden con las peticiones de información de nuestros abogados y con la línea argumental mantenida por esta organización, en relación a las irregularidades que se pudieran haber cometido en la venta de casi tres mil viviendas sociales a fondos buitres".

Tras dos años desde que se comunicase a los inquilinos la venta a empresas privadas de sus viviendas, AVVI recuerda "el drama que llevan padeciendo desde entonces miles de familias, para las que este periodo está suponiendo una cotidiana vulneración de sus derechos fundamentales y un permanente sufrimiento".