Bárcenas vuelve a cargar contra el PP: ratifica que los ordenadores contenían información sobre la caja B

El extesorero del PP, Luis Bárcenas y la que fuera 'número dos' del partido María Dolores de Cospedal han vuelto a coincidir este jueves durante el juicio por la destrucción de los ordenadores que el hombre de confianza del partido usaba en la sede del PP. Hoy ha sido el turno de oír las declaraciones de los cuatro acusados, a los que seguirán los testigos, entre los que están citados el propio extesorero 'popular'.

Durante su declaración ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha ratificado este jueves 20 de junio que los discos duros de los ordenadores que él mismo usaba en la sede del partido contenían información sobre la caja B. Entre los distintos archivos se encontraba una hoja de cálculo que “completaban eso que se llaman mis papeles”, ha asegurado en alusión a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.

Ante el juez, Bárcenas ha explicado que los ordenadores eran de su propiedad y no del Partido Popular, aunque fuese el entonces jefe del departamento de informática del partido, Javier Barrego, quien gestionase su compra. Además, ha asegurado que el Toshiba contenía “información histórica” que quiso recuperar en un “momento determinado”, ya que guardaba relación con la investigación en la Audiencia Nacional del caso Gürtel y con la pieza denominada Udef Bla, que estudia la presunta caja B del PP a partir de los ‘papeles de Bárcenas’.

En los ordenadores había “hojas excel, datos relacionados con mis cuentas corrientes, había presupuestos de campañas electorales y cómo se financiaban y las notas que daban continuidad a los papeles". El extesorero también ha contestado al hecho de que no se llevara el ordenador y lo dejara en la sede del partido.

"No lo sé. Hay cosas que se quedan, otras que se pasan y otras que las borro directamente porque no le concedo trascendencia. Gran parte las pasé a los siguientes ordenadores, pero había una hoja de cálculo que complementaban esos que se llaman mis papeles", ha respondido.

Por su parte, María Massó, la representante del PP en el juicio por la destrucción de los conocidos como ordenadores de Luis Bárcenas, ha ratificado este jueves que los tres dispositivos electrónicos que utilizaba el extesorero cuando fue despedido son propiedad del partido y que el borrado que se hizo de los discos duros cumplió con la legalidad vigente.

Así lo ha dicho la representante del PP --el partido está acusado en este juicio en calidad de persona jurídica-- a preguntas de la fiscal y de la defensa ejercida por Jesús Santos, las partes que, a su juicio, están "legitimadas" en este procedimiento, desdeñando así a las acusaciones populares que ejercen IU, Adade y Observatori Desc.

Massó ha remarcado que el ordenador de sobremesa y los dos portátiles que Bárcenas dejó en la Sala Andalucía de la tercera planta de la sede de Génova "eran y son propiedad" del PP, "sin ninguna duda", y que el partido así lo acreditó aportando al procedimiento las facturas de compra.

De este modo, ha aprovechado para afirmar que Bárcenas "no pudo acreditar la propiedad" de los ordenadores. "Todos los empleados del PP trabajan con dispositivos corporativos", ha apuntado la representante legal de los 'populares'.

Massó también ha recordado al tribunal que, de hecho, el extesorero "nunca ha reclamado el contenido" de los ordenadores y que la primera denuncia que puso contra el PP tras ser despedido se refería al "continente", es decir, la carcasa del dipositivo, y no lo que esto contenía.

Aunque la abogada ha explicado que el uso personal que hagan los trabajadores del PP de sus ordenadores corporativos supone una "anuencia de la privacidad" de la información personal que haya en ellos, ha querido dejar claro que el partido siempre "da la oportunidad al usuario" de recuperar o borrar los documentos personales que considere oportuno antes de proceder al borrado definitivo de los discos duros.

Este es el motivo por el que, cuando se desestimó la denuncia de Bárcenas, los servicios informáticos del partido hicieron una búsqueda de ficheros personales del extesorero para poder devolvérselos. Al no encontrar nada, ha apuntado, se dio el visto bueno a iniciar el protocolo de borrado.

Como han dicho los otros acusados en este procedimiento --el abogado del PP Alberto Durán, el jefe informático José Manuel Moreno y la extesorera Carmen Navarro--, Massó ha defendido que el partido cumplió el protocolo legal, siguiendo los estándares internacionales, para llevar a cabo el borrado de los discos duros.

Antes que la representante del PP, ha declarado la extesorera Carmen Navarro, quien ha corroborado las versiones ofrecidas previamente por Alberto Durán y José Manuel Moreno. Navarro, siguiendo así todos la misma estrategia de defensa al contestar únicamente a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía.

Navarro ha asegurado que la decisión de prohibir la entrada en 2013 a Bárcenas la adoptó la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al conocerse por la prensa el "gran escándalo" de que el extesorero tenía "un montón de dinero en Suiza". En este sentido, ha concretado que lo único que hizo fue trasladar esta orden al jefe de seguridad del PP, que era el cuñado de Bárcenas, y que a partir de entonces se "desentendió" del asunto.

Ha asegurado que tuvo conocimiento de la existencia de los discos duros cuando el 1 de marzo de 2013 recibió un burofax de Luis Bárcenas reclamándole "todas sus pertenencias y ordenadores", y también por la denuncia que interpuso contra el jefe de la Asesoría Jurídica por el mismo asunto.

"En la Sala Andalucía no había millones de euros, ni los 'papeles de Bárcenas' (*) Lo que tenga que tener lo tendrá en los ordenadores de su casa, no en una sala donde puede entrar todo el partido", ha afirmado Navarro a preguntas del fiscal.

A raíz de esta afirmación, su abogado, Enrique Molina, le ha pedido que explique si es necesario "hacer fuerza" para entrar en cualquier despacho de la sede del PP, debido a que Bárcenas denunció que la cerradura de la sala que usaba fue "forzada". "Por supuesto que no", ha contestado Navarro, que ha añadido que a alguna sala se accede a través de llave, cuya copia tiene el departamento de seguridad.

Debido a que Bárcenas aseguró durante la instrucción de este caso que los ordenadores contenía información sobre la contabilidad paralela del PP y que la Audiencia Nacional requiriese la entrega de los dos dispositivos después de que la defensa del extesorero entregase un pendrive con parte de supuestos archivos extraidos de los mismos que tenían relación con la presunta caja B, Navarro ha remarcado que no tiene "ningún conocimiento de que hubiera alguna contabilidad B del PP".

"La única que he heredado es la que está en los activos informáticos, la oficial, la que se presenta todos los años al Tribunal de Cuentas y la que audita el Tribunal de Cuentas", ha subrayado la extestorera. "No tengo conocimiento de que hubiera una contabilidad B en el PP y desde que estoy yo no ha habido nada de eso", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que nunca ha visto dichos ordenadores, pues con Bárcenas tan solo se cruzó una vez en un pasillo, y que el jefe del departamento informático no tiene que pedirle permiso para activar el protocolo de borrado de los discos duros, aunque ella sea su superior, porque depende de su ámbito funcional.

También ha testificado el jefe de la Asesoría Jurídica del PP, Alberto Durán, quien ha asegurado que cuando se procedió a realizar el protocolo de borrado de los discos duros, el departamento informático observó que "no había absolutamente nada" almacenado.

Durán sólo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía --que considera que no existen indicios de delito en este caso-- y de su defensa, ejercida por el abogado Esteban Mestre. Ha comenzado afirmando que Bárcenas tiene una "enemistad" con él, pues sólo lo conoce de los procedimientos judiciales en los que ambos se han visto envueltos por las demandas interpuestas por el extesorero.

"Es inverosímil pensar que Bárcenas se hubiese dejado algo en Génova. Todo es un montaje de Bárcenas para atacarnos como trabajadores que le hemos plantado cara en el PP, para hacer daño al PP", ha subrayado Durán.

Al inicio de su declaración ha explicado que a principios de 2013 el PP prohibió a Bárcenas la entrada a la sede de la calle Génova de Madrid para "evitar cualquier escándalo", dado que había salido en la prensa que el extesorero tenía "una inmensa fortuna en Suiza". Por ello, se puso en contacto con él para que se llevase sus pertenencia y "desalojase la sala".

Durán ha asegurado que intentó hablar en varias ocasiones con Bárcenas y con su abogado para "urgirles" que dejasen libre la Sala Andalucía. De hecho, ha leído algunos mensajes que les envió para intentar demostrar esta afirmación. Así, ha señalado que debido a que no recibía ninguna respuesta, detectó que la intención del extesorero era "dilatar" el desalojo para "preconstruir una prueba" que le sirviese en un juicio para dar credibilidad a que usaba ese despacho y que había sido objeto de un despido improcedente.

Por ello, tomó la decisión con la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que sería el propio partido el que despejara dicha sala de reuniones para no perder la demanda laboral que finalmente interpuso Bárcenas, ha admitido. Ordenó a los trabajadores del departamento de distribución del PP que metieran todo en "27 cajas" para que el extesorero fuese a por ellas cuando quisiera.

"No inspeccioné absolutamente nada (*) Yo no tenía interés en apropiarme de nada, de destruir nada, sino que esto desaparezca de la sede", ha dicho Durán, al mismo tiempo que ha asegurado que si Bárcenas le hubiese entregado un documento que demostrase que los ordenadores eran de su propiedad, se los hubiera devuelto sin problemas.

Con todo ello, ha recordado que Bárcenas también le denunció por robo, hurto y apropiación indebida por quedarse con los dos portátiles y que el procedimiento fue archivado porque nunca se demostró la propiedad de los discos duros. Pero hasta el momento del cierre de esta causa, Durán pidió al director informático del PP, José Manuel Moreno --también acusado-- que no "tocase nada de esos ordenadores".

El protocolo de borrado se fue a aplicar cuando se acordó el sobreseimiento de la denuncia y no se demostró la propiedad de los ordenadores Apple y Toshiba. En ese momento, Moreno le informó que "no hay absolutamente nada y que ni siquiera hay contraseña". "Esta información es relevante, porque si hubiera tenido contraseña o dato, nuestra actuación hubiera sido distinta como dice el protocolo, pues en su presencia se accedería el ordenador", ha añadido.

Por último, ha señalado que tampoco había ningún dato ni clave de acceso en otro ordenador de sobremesa que había en el mismo despacho y ha ironizado que no entiende por qué ni las acusaciones ni Bárcenas han mostrado ningún interés.

El segundo de los acusados en declarar, el informático del PP José Manuel Moreno, ha corroborado la versión de Durán al indicar que cuando se desalojó la Sala Andalucía llevó los tres ordenadores a su despacho y ahí los dejó "sin abrirlos" hasta que un par de meses después el abogado le comunicó que ya podía llevar a cabo el protocolo de borrado porque se había sobreseído la denuncia que había presentado Bárcenas. Hasta ese momento, ha asegurado, nadie le había preguntado por los ordenadores ni por su contenido.

En cuanto al procedimiento que llevó a cabo, Moreno ha explicado los pasos que siguió, que según su versión son los mismos para cualquier ordenador de cualquier trabajador del partido. Así, empezó por encender los dispositivos y comprobar que no tenían ninguna contraseña para su acceso. A continuación, hizo una búsqueda en los ficheros del sistema operativo para comprobar si Bárcenas tenía algún documento que hubiese creado él, principalmente cualquier archivo de word o pdf.

"No había ninguno. Si hubiera encontrado algún archivo se lo hubiera comunicado al señor Bárcenas como a cualquier usuario para que lo sacara o lo borrara", ha explicado, para añadir que entonces Alberto Durán le ordenó que continuara con el procedimiento de borrado seguro, un proceso en el que se realizan "sobreescrituras sucesivas" en el disco duro del ordenador para que el propio disco sea "ilegible".

Según ha remarcado Moreno, este protocolo de borrado es un "procedimiento estándar internacional" que se aplica en empresas y también en la administración pública y que está regulado para proteger los datos de los usuarios. Es más, ha subrayado que es "de obligado cumplimiento".

La vista oral comenzó hace una semana con las cuestiones previas, que el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz Baena, resolvió 'in voce' tras escucharlas. La principal de todas fue la relacionada con la aplicación de la conocida 'doctrina Botín'.

Fue solicitada tanto por la Fiscalía como el PP, la extesorera de la formación política Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno para evitar ser juzgados por la eliminación de los documentos almacenados en dos discos duros.

Pero el juez rechazó esta pretensión y decidió que el juicio se celebre con los cuatro acusados en el banquillo ante la "posibilidad" de que después la Audiencia Provincial, que resolverá los correspondientes recursos contra la sentencia, "tuviera una opinión distinta" sobre la aplicación de dicha doctrina, que adopta el nombre del banquero fallecido Emilio Botín, que se libró de enfrentarse a un juicio con la presencia únicamente en contra de las acusaciones populares.

Así las cosas, en la segunda sesión del juicio declararán la extesorera, el abogado y el informático y la representante del PP, que previsiblemente sólo contestarán a las preguntas de sus defensas y de la Fiscalía, que pide el archivo de la causa.

Navarro, Durán y Moreno están acusados por delitos de daños informáticos y encubrimiento y se enfrentan a hasta cuatro años y medio de prisión, mientras que el partido está acusado como persona jurídica por el delito de daños informáticos, por el que piden multas que alcanzan hasta los casi 11 millones de euros o la suspensión de actividades durante seis meses.

Una vez concluyan las declaraciones de los acusados será el turno de los testigos, que también se prevé que comiencen a pasar este jueves. Entre los seis primeros citados se encuentra el extesorero 'popular', cuya declaración será relevante, pues su demanda contra el PP dio inició este procedimiento, aunque finalmente se retiró en septiembre de 2016.

Bárcenas solicitó por escrito declarar por videoconferencia para evitar el traslado desde el centro penitenciario en el que se encuentra cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel.

No obstante, el magistrado, tras escuchar a todas las partes, accedió a lo solicitado por Izquierda Unida, Adade y Observatori Desc (acusaciones populares) y acordó que compareciese presencialmente. Eso sí, lo hará junto con su abogado para evitar que su declaración le perjudique en los procedimientos judiciales en los que está inmerso.

El extesorero interpuso una demanda en marzo de 2013 contra el PP, dos meses después de ser despedido y tras darse a conocer los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Denunció que el partido había ordenado entrar en su despacho sin permiso y acceder a los archivos que contenían los ordenadores de la marca Toshiba y Apple, que, según apuntó, tenía relación con la contabilidad de la formación política y con la supuesta 'caja B' del PP, que aún está siendo investigada en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, no solo las defensas contradicen este relato, sino también la Fiscalía, que, en su escrito en el que pide el archivo de la causa al no ver la comisión de ningún delito, afirma que esta versión de Bárcenas es "inverosímil y contradictoria", porque no se ha podido acreditar ni la propiedad de dichos ordenadores, ni el contenido de sus discos duros, ni si el formateo de los mismos ha perjudicado alguna investigación judicial en la Audiencia Nacional.

El juez Muñoz Baena también ha convocado a la exsecretaria general del partido y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, cuya comparecencia ha sido solicitada por las tres acusaciones populares. Consideran que su versión es importante por su "condición de superior jerárquica" en el momento de la destrucción de los dos discos duros que se encontraban en la sala Andalucía, habilitado como despacho una vez que Bárcenas dejó la Tesorería del partido.

Según destacan IU y Observatori Desc en sus escritos de acusación, Cospedal adoptó la decisión con Navarro de "prohibir la entrada" a Luis Bárcenas a la sede del PP en la calle Génova de Madrid, hecho que desencadenó esta causa que ahora se juzga.

Asimismo, afirman que habría tenido "conocimiento de los hechos investigados" por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'.

También testificarán el exresponsable del departamento informático del PP Javier Barrero Merino, que estuvo investigado en esta causa, aunque finalmente se archivó su presunta responsabilidad; la que fuera secretaria de Bárcenas Estrella Domínguez López; el cuñado del extesorero y jefe de seguridad del partido en aquella época, Antonio de la Fuente Escudero; y Roberto Estangui Olmo, trabajador de una tienda de informática.