El juicio se retomará el día 7 con la parte de los supuestos cohechos

El Tribunal encargado del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), retomará las sesiones de la vista oral el próximo día 7 de noviembre con la parte del último bloque dedicada a los supuestos cohechos, en la que están acusados exediles y empresarios.

En esta parte se analizarán los supuestos pagos por parte de empresarios al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y exediles del Ayuntamiento marbellí. Así, declararán más de 50 acusados, entre ellos el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que previsiblemente será el primero en hacerlo.

También deberán comparecer exalcaldes como Julián Muñoz y Marisol Yagüe; y exediles como Isabel García Marcos y Tomás Reñones; así como empresarios, como José Ávila Rojas, Rafael Gómez 'Sandokan', o los responsables de la promotora Aifos, entre otros. Se da una semana de margen tras pedirlo las defensas para preparar este bloque.

A esta parte se llega tras dos semanas en las que se han abordado los apartados referentes a los coches supuestamente regalados a Yagüe y a las pistolas intervenidas al que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo; periodo de tiempo que ha estado marcado por los tres acuerdos de conformidad hechos públicos.

Así, el lunes día 17 de octubre se anunciaron los acuerdos alcanzados entre los acusados Ismael Pérez Peña, el hijo de éste y el también empresario Carmelo Armenta con la Fiscalía Anticorrupción, que han supuesto importantes reducciones de pena. No se descartan más negociaciones que desemboquen en nuevo pactos.

El primer acuerdo ratificado en sala fue el de Pérez Peña, en el que admitía que "efectuó un pago" de 180.100 euros requerido por Roca y la exalcaldesa, que consta en un archivo intervenido, con el que pretendía que el Ayuntamiento agilizara frente a otros acreedores el pago de una deuda de más de un millón y medio de euros.

También admitió haber regalado tres coches a Yagüe y en el escrito se aludía a negociaciones realizadas por varios exediles, como García Marcos, para cambiar la ordenanza del servicio de grúa y poder adjudicarlo al empresario, apartado que está pendiente de analizar, aunque Yagüe ya rechazó que pidiera a la exconcejala que negociara.

En su declaración sobre los coches, la exregidora negó que el empresario le regalara vehículo alguno, asegurando que "casi no lo conocía"; y explicó las gestiones para la compra de uno de los coches para su hijo. Su exnovio, su exmarido y su cuñado, que han comparecido como testigos, aseguraron que pagaron los vehículos.

El segundo acuerdo fue el del acusado Carmelo Armenta, quien firmó un contrato de compraventa por el que presuntamente adquiría tres inmuebles sabiendo que era simulado y que la finalidad era justificar un dinero, en concreto dos millones de euros, que iba a recibir Roca de Pérez Peña y que había sido intervenido por la Policía.

El tercer acuerdo es por el que la Fiscalía retirará la acusación por un delito de falsedad documental a Javier Pérez Villena, hijo del empresario Pérez Peña, instando su libre absolución y el levantamiento de las medidas cautelares. El Tribunal adelantó que se dictará una sentencia absolutoria.

LAS ÚLTIMAS TESTIFICALES

En la sesión de este miércoles han declarado los últimos testigos en relación con los coches supuestamente regalados, como la responsable del concesionario que vendió uno de ellos, que ha vuelto a comparecer; y también policías sobre la intervención de las armas a Del Pozo.

Sobre este apartado ha declarado el que fuera responsable de la Udyco Costa del Sol en ese momento, Valentín Bahut, quien ha indicado que estuvo en el registro porque así lo consideró y que el propio Del Pozo le dijo que "tenía unas armas en un armero en un despacho contiguo al suyo", que tenía otra puerta de acceso.

Preguntado por si tenía conocimiento de la colaboración de la Policía Local en las actividades presuntamente delictivas de Roca, como, según la defensa del exjefe policial, aparece en el sumario, ha dicho que no, pero ha apuntado que si eso aparece en unas diligencias policiales "el instructor debe tener indicios bastantes".

"Si nosotros teníamos conocimiento, constancia de que miembros de la Policía Local estaban inmersos en actividades delictivas, eso tenía que tener un reflejo documental y se habría dado traslado a la autoridad judicial competente", ha apuntado, indicando que los datos se plasman en los informes.

Para la defensa de Del Pozo, no hay testigo alguno que acredite que dentro del despacho del exjefe policial se hayan encontrado ni armas ni un solo documento, mientras que las acusaciones se remiten a las actas del registro. Tanto abogados como acusaciones tendrán tres días para presentar sus resúmenes de prueba.