La Junta Electoral reacciona a las burlas de Torra: exige quitar los lazos y pide que la fiscalía investigue

La Junta Electoral Central actúa contra Quim Torra por su negativa a retirar los lazos, esteladas y pancartas que cuelgan de los edificios públicos de la Generalitat. Los jueces han ordenado al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordene a los Mossos que quiten todos estos símbolos.

Además, la Junta Electoral Central en un acuerdo dictado esta tarde ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación sobre si Torra cometió un presunto delito de desobediencia, castigado con inhabilitación, al no atender las resoluciones del 11 de marzo y del pasado lunes por las que se le ordenaba quitar lazos y estelades al considerar que no garantizan la debida neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral.

La Junta Electoral Central ha decidido así abrir un expediente sancionador al presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, por su negativa a cumplir la orden que dictó hace diez días de retirar 'esteladas' y lazos amarillos que son contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral. Además, ha trasladado el caso a la Fiscalía al apreciar indicios de un delito de desobediencia, lo que podría desembocar en una condena por inhabilitación.

Tras la negativa de Quim Torra a aplicar las sucesivas órdenes para retirar esos símbolos contrarios al deber de neutralidad, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido poner en marcha las tres vías de actuación a su alcance.

Por un lado, ha cursado órdenes a la Consejería de Interior de la Generalitat para que los mossos retiren esos símbolos partidistas, tanto los lazos amarillos y las 'esteladas' como las otras pancartas de similar contenido que se han decidido colocar este jueves como alternativa y que siguen vulnerando el deber de neutralidad porque siguen hablando de los autodenominados "presos políticos" que son candidatos de dos partidos concretos (ERC y Junts-PDeCAT).

En segundo lugar, se ha acordado abrir un expediente administrativo al presidente de la Generalitat por no haber accedido a cumplir las órdenes de retirada de los símbolos, lo que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros.

Y, en tercer lugar, se ha dado el primer paso en la vía penal, pues la JEC ha enviado las diligencias a la Fiscalía al apreciar indicios de que Torra ha incurrido en un delito de desobediencia que podría conllevar inhabilitación para ocupar un cargo público (ya le pasó a una alcaldesa de la CUP), e incluso prisión.