Un juzgado de Madrid abre diligencias contra Fernando Simón por la gestión de la pandemia
Un juzgado pide informe a la Fiscalía para determinar si existen indicios de la comisión de delito
Rechazada la comisión de investigación de residencias en Madrid gracias a la oposición de PP y la abstención de Vox
En la querella presentada por la Asociación de Abogados Cristianos se pedía investigar a la cúpula del Gobierno
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha acordado abrir diligencias contra Fernando Simón. La Asociación de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias por la gestión de la pandemia de coronavirus.
En un auto de 14 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del juzgado ha remitido las actuaciones al Ministerio Fiscal para que presente informe sobre Fernando Simón para determinar si existen "indicios de la comisión de ilícito penal alguno".
En la querella se pedía investigar a todo el Gobierno
En la querella presentada por la Asociación de Abogados Cristianos se pedía investigar a la cúpula del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, el exministro de Sanidad, Salvador Illa; y la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.
El juzgado, sin embargo, ha resuelto no incoar diligencias contra ellos al gozar de la condición de aforados en el momento en el que se presentó la querella. El magistrado instructor, sin embargo, ha estimado abrir "diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho" que alegan los denunciantes contra Fernando Simón.
Según consta en el auto, las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa. El titular del juzgado sostiene que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
