La ley del referéndum apela a resoluciones de la ONU y La Haya

Tal y como avanzó Europa Press, el Govern busca así convocar el referéndum amparándose en la legalidad internacional según recogen el preámbulo de la norma que publican diversos medios, en los que se defiende que la Constitución de 1978 determina que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento interno.

También se recoge que las normas sobre derechos fundamentales y libertades públicas se interpretarán de acuerdo con los tratados internacionales aplicables en esta materia, además de remarcar que el Parlament ha expresado de manera "continuada e inequívoca" el derecho de Cataluña a la autodeterminación.

Otro de los puntos que destacan es la resolución sobre 'Promoción del Derecho a la Democracia' de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que proclamó los lazos indisolubles entre los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las bases de toda sociedad democrática, por lo que "la gestión democrática de cualquier discrepancia política debe producirse con pleno respeto a estos derechos humanos y libertades individuales".

Además, aseguran que en dictámenes recientes, el Tribunal Internacional de Justicia afirma que durante la segunda mitad del siglo XX, ha habido casos de nuevos estados que han ejercido el derecho a la autodeterminación "sin que el ejercicio de este derecho a decidir fuera motivado por el fin del imperialismo".

El Tribunal Internacional de Justicia constata así que el derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado y que no ha surgido "ninguna norma ni costumbre en orden internacional que prohíba estas nuevas prácticas", y que la única limitación a la legitimidad de esta práctica es el uso de la fuerza u otras violaciones graves del derecho internacional.

Para JxSí y la CUP, la ley del referéndum es la máxima expresión del mandato de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y que en ella confluyen la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán con el derecho de autodeterminación de los pueblos "consagrado por la legislación y jurisprudencia internacionales y los principios de soberanía popular y respeto por los derechos humanos, como base de todo el ordenamiento jurídico".

"RUPTURA DEL PACTO CONSTITUCIONAL"

En el preámbulo también defienden la necesidad de aprobar la ley para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, "especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la desnaturalización del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006" tras la sentencia del TC.

En el proceso previo a la redacción de esta ley, JxSí y la CUP aseguran que se han hecho "todos los esfuerzos para encontrar una vía acordada" que permitiera a los catalanes decidir libremente su futuro.