Las listas de D3M están encabezadas por militantes abertzales

Las candidaturas de Democracia Tres Millones (D3M) están encabezadas en Vizcaya por Itziar Lopategi, conocida militante de la izquierda abertzale, militante de LAB, que fue portavoz de la plataforma electoral anulada Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y de las ilegalizadas también de Acción Nacionalista Vasca (ANV) para las Juntas Generales vizcaínas.

Idoia Ibero es la primera de las listas de la plataforma D3M por Guipúzcoa, que también encabezó una candidatura de ANV, mientras que Amparo de Lasheras, que es la cabeza de lista de Álava, que se encuentra en prisión tras ser detenida en la última operación policial desarrollada en Euskadi por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Lasheras e Itziar Lopategi fueron las encargadas de presentar públicamente el pasado 10 de enero la plataforma D3M, donde anunció su intención de proceder a la recogida de firmas para poder concurrir a las elecciones autonómicas vascas. El segundo lugar de la candidatura de Vizcaya lo ocupa Julen Aginako, miembro histórico de la Mesa Nacional de Herri Batasuna.

Por su parte, Askatasuna, el partido de la izquierda abertzale ha presentado como cabezas de lista por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava a Daniel Campo Urkidi, José Manuel Leunda Dolado y Juan José Basterra Respaldiza, respectivamente.

Ambas formaciones están siendo investigadas

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica las listas de candidaturas proclamadas por las Juntas electorales a las elecciones al Parlamento vasco, en las que se incluyen las planchas de Democracia Tres Millones (D3M) y Askatasuna.

Ambas formaciones están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado por su supuesta vinculación con anteriores candidaturas ilegalizadas de la izquierda abertzale y por poder suponer "un fraude" al encontrarse detrás Batasuna.

Los recursos a las listas podrán ser interpuestos por los partidos los días 4 y 5 de febrero. La subsanación de errores deberá realizarse de forma previa. El proceso finalizará el 12 de febrero, con la decisión del Tribunal Constitucional, si las candidaturas que se pretenden ilegalizar recurren en amparo, ante la determinación que adopte el Tribunal Supremo. BQM