Un total de 15 magistrados deciden mañana en el Tribunal Supremo si abren causa a su presidente

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrado por 15 magistrados, deliberará mañana sobre la posible admisión a trámite de una querella por malversación de fondos públicos que ha presentado la asociación de juristas Preeminencia del Derecho contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en relación con viajes realizados por éste en fines de semana largos, de hasta cuatro días, parte de los cuales cargó al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces.

El Pleno se mantiene pese a que la asociación, presidida por el letrado José Luis Mazón, ha ampliado este martes la querella para añadir la información que publican varios medios impresos y que amplía hasta un total de 32 los viajes a investigar, han informado a Europa Press en fuentes del alto tribunal.

Los viajes motivo de la querella serían los ya investigados por la Fiscakía, que son una veintena realizados a Marbella (Málaga), y otros doce que el presidente Dívar realizó a Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca. El total cargado al CGPJ por estos viajes se acercaría alos 28.000 euros.

El Pleno de la Sala de lo Penal que se reunirá pasado mañana está integrado por 15 magistrados, aunque el alto tribunal informó el lunes por error que la decisión la tomarían sólo 14, al olvidar al recientemente incorporado Antonio del Moral. Se quedará fuera Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella fuera admitida a trámite y hubiera que buscar un instructor imparcial.

DIFICIL UNANIMIDAD

Los magistrados tendrán sobre la mesa el informe dado a conocer el pasado viernes por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone la admisión de la querella interpuesta.

Según ha podido conocerse, durante la reunión de la Sala de Admisiones que ayer decidió elevar este asunto al Pleno no existió unanimidad para rechazar de plano la querella, por lo que lo más probable es que las disensiones se trasladen a la reunión de mañana. No se descarta que varios magistrados se opongan al rechazo y que incluso formulen votos particulares explicando su postura, lo que dejaría a Dívar en una muy difícil situación.

El Ministerio Público no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, señala que en este caso no cabe estafa, como apuntaban inicialmente los querellantes, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.

Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Dívar que son de "jerarquía máxima", y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, existen unos "límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".

Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.

A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.

"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.