El fiscal pide condenar por malversación a tres excargos de la Generalitat valenciana por el caso Cooperación

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles la imposición de condenas que podrían alcanzar los siete años de prisión por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos a tres altos cargos de la extinta Consejería de Solidaridad valenciana por la pieza 1 del caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

Durante la celebración de la vista de revisión de los recursos presentados contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el fiscal Álvaro Redondo ha defendido que Alexandre Catalá, Marc Llinares y Josep María Felip, condenados por otros delitos pero absueltos por malversación, eran conscientes de la existencia de irregularidades en el reparto de 1,8 millones, procedentes de fondos públicos y que debían destinarse a labores humanitarias.

El exsubsecretario de la Consejería Alexandre Català y el exjefe del servicio de Cooperación Marc Llinares fueron condenados a cuatro años, seis meses y un día de cárcel por prevaricación y falsedad documental. Por su parte a Felip, exdirector general del área, le impusieron siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

En el caso de Llinares, la Fiscalía ha solicitado una modificación de la condena ya que considera que incurrió en malversación pero no en los otros dos delitos con los que le vinculó el tribunal de instancia.

El TSJ de Valencia, que condenó por estos hechos a un total seis altos cargos de la Consejería, entre ellos exconsejero valenciano de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado 'popular' en las Corts Rafael Blasco, y tres particulares de la Fundación, consideró que los tres acusados a los que afecta el recurso del fiscal no intervinieron en la trama hasta después de que los fondos públicos se pusieran a disposición del beneficiario.

No obstante, Redondo ha defendido que las subvenciones de cooperación se conceden "con un carácter provisional, y debe acreditarse que se destinan a los fines previstos porque, en el caso contrario, hay que retornarlas. Llinares, Catalá y Felip intervinieron en esta segunda fase y su actuación resultó fundamental en la ocultación del destino de los fondos.

CONFIRMAR CONDENA A BLASCO

El fiscal ha rechazado, además, los argumentos de los abogados defensores de los acusados, entre ellos Blasco, que han defendido su inocencia y han apuntado a que fueron "los funcionarios" los que alteraron los documentos y "provocaron el desaguisado".

"Hablamos de que se concedieron subvenciones de 1.8 millones y sólo el 3 por ciento se destinó a su verdadera finalidad", ha recordado y ha agregado que después de la investigación de Fiscalía, la instrucción y un juicio de 32 sesiones, los condenados no pueden pretender que no tuvieron "nada que ver".

El letrado que representa a Blasco ha pedido la absolución de su cliente y la anulación de la sentencia y ha calificado como "horroso y tenebroso" la mención efectuada por el TSJ a que los acusados pudieron recibir contraprestaciones a cambio del desvío de los fondos. "Esa cuestión no está acreditada", ha dicho.

El TSJ condenó a Blasco a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en estos proyectos de cooperación y evitar que llegaran a Nicaragua millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.

Los recursos contra esta sentencia han sido presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat Valenciana, Blasco y otros siete condenados por el TSJCV en este mismo procedimiento.

La sentencia recurrida también impuso al empresario Augusto César Tauroni una pena de ocho años de prisión; a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán una pena de siete años, seis meses y un día de cárcel; para el exsubsecretario Alexandre Català otros cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que para el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Además, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, fue de tres años de cárcel; para el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le impusieron siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

HECHOS Y PIEZAS

Los hechos tuvieron su origen la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo de 2008, y a las que concurrió la Fundación Cyes por medio de Tauroni. En total, por dos proyectos, la Generalitat otorgó a esta entidad 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento, puesto que el resto se destinó a un "beneficio propio", a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia, según se exponía en la sentencia condenatoria.

Y esto fue posible tras "maniobrarlo" Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste "bien determinado", por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconsejero y sus colaboradores.

Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices "en atención a su autoridad" y ante el "temor" de que pudiera prescindir de sus servicios.