La asociación mayoritaria de jueces apoya el "copago" en Justicia, mientras JpD y FdV no creen que sirva para agilizarla

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre el colectivo de jueces españoles, vería con buenos ojos la implantación de una tasa para acceder la Administración de Justicia, a modo de "copago" del servicio, con el fin de disuadir a los que abusan de los tribunales y contribuir a la agilización.

La instauración de este copago ha sido sugerida por el consejero de Justicia y Bienestar Social de Valencia, Jorge Cabré, quien ha manifestado la necesidad de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

El portavoz de la APM, Pablo Llanera, ha manifestado este martes a Europa Press que esta asociación ya se ha manifestado desde hace tiempo partidaria de las tasas.

"La ciudadanía tiene la consideración errónea de que cuando existe una condena en costas la parte que pierde que pierde es la que asume los gastos -ha explicado-. Pero las costas sólo obligan a pagar los gastos de la parte contraria, no los edificios o el personal al servicio Administración de Justicia. Eso lo pagan todos los ciudadanos, hay quienes realizan un uso abusivo".

A juicio de Llanera, la implantación de tasas tendría dos consecuencias. Por un lado, serviría para "responsabilizar a los ciudadanos" pues disuadiría de entablar acciones judiciales sin la debida justificación; mientras que por el otro ayudaría a que el resto de españoles no soporten los gastos de quien realiza un uso abusivo de este servicio.

Así, a juicio del portavoz de la APM, "se podría establecer una tasa para aquellos que presenten una demanda o se oponga a ella" y, si se gana el procedimiento, la parte contraria debería resarcirle de ese pago"

EFECTOS RECAUDATORIOS

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado que la propuesta de "copago" del consejero de Justicia puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell valenciano.

La organización argumenta mediante un comunicado que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

A su juicio, "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

Del mismo modo, JpD defiende que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, ha asegurado a Europa Press que la tasa propuesta por Cabré "no es un instrumento para agilizar absolutamente nada" sino para "disuadir al ciudadano en el ejercicio de la justicia".

Según Sexmero, dicha tasa sólo tendría sentido si se aplicara "como un método de allegar recursos a la administración de justicia, siempre y cuando la tasa y el producto de la misma se quede en la administración de justicia y no en Hacienda".

"Si lo que se pretende es conseguir recursos, bienvenida sea, siempre y cuando no sea muy elevada", ha señalado Sexmero, al tiempo que ha insistido en que no debe tratarse de justificar la implantación de este sistema como método para "agilizar" la justicia ya que, a sus ojos, "no es lógico".

"Lo que necesita ahora mismo la justicia es medios, y como ahora mismo no los tiene por la crisis, se pueden buscar a través de esa tasa, pero ha de ser con el objetivo de buscar recursos para invertir en justicia, nunca para disuadir al ciudadano en el ejercicio de la justicia", ha explicado.

FÓRMULAS ALTERNATIVAS

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es partidaria de buscar fórmulas alternativas a la hora de mejorar la calidad de la Administración de Justicia ya que, tal y como ha expresado su portavoz, Lucía Girón, en declaraciones a Europa Press, "si la ley es igual para todos tenemos que permitir que el acceso sea igual" y nunca debe depender, a su parecer, de los recursos económicos de los que disponga el ciudadano.

"Antes de acudir al copago habría que buscar que la financiación de la Administración de Justicia pueda ser mas eficiente. Habría que buscar la eficiencia en el gasto de los fondos públicos con los recursos que hay", ha asegurado, para afirmar que implantar dicho sistema "supondría volver al sistema de tasas preconstitucional".

En este sentido, Girón ha señalado que "si hubiera que elegir entre que todo el mundo tenga acceso a la justicia, aunque ello suponga recibir un mayor número de denuncias que no llegan a ninguna parte, o que alguien no tenga a acceso a la justicia por falta de recursos, el copago no es deseable".