La mediación obtiene en Canarias el primer respaldo unánime para implantarse en los municipios de España

El pasado miércoles, el Parlamento de Canarias aprobó la primera declaración institucional en la que promocionan la mediación como una forma pacífica para la resolución de controversias entre vecinos y colectivos, acogiendo la iniciativa impulsada por la Asociación Canaria de Mediación y Arbitraje (ACMA), un colectivo presidido por la abogada Elba Trujillo.

La declaración pide al Gobierno de Canarias que inste a los cabildos insulares y a los ayuntamientos a comprometerse con el desarrollo de la mediación desde sus respectivos ámbitos competenciales mediante la promulgación de ordenanzas, reglamentos u otros instrumentos.

Esta iniciativa, que en agosto de 2015 fue enviada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia y a siete de las principales ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia y Zaragoza--, espera encontrar con el paso dado en Canarias un respaldo para extender la mediación en el ámbito local y regional.

21 DE ENERO, DÍA DE LA MEDIACIÓN

La declaración llevada por ACMA al Parlamento canario instaura el 21 de enero como 'Día de la Mediación', de forma concordante con la fecha elegida internacionalmente. Además, reclama impulsar la investigación y la educación en este procedimiento para la resolución pacífica de controversias.

En el caso canario, insta a la creación de un Consejo de la Mediación como ente autónomo de debate y consulta para que, desde la eficiencia, sirva de espacio de encuentro, coordinación y participación democrática de todos los actores implicados en este sistema alternativo a la justicia ordinaria.

El pasado 21 de enero, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, presidieron sendos actos por el Día Europeo de la Mediación en los que destacaron la importancia de este procedimiento dentro de los esfuerzos por la modernización de la Justicia y como alternativa complementaria a la resolución judicial de conflictos, ya que se consigue reducir la litigiosidad, los tiempos y los costes asociados a la tradicional solución jurisdiccional.