El juez cita el miércoles a declarar al concejal Alfonso Novo por un supuesto blanqueo de capitales

Novo está investigado en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en la que se conoce como 'Operación Taula'.

Junto a las 24 personas que fueron detenidas en la operación anticorrupción desarrollada el martes y que ya han sido puestas en libertad provisional, en la causa hay otros cinco investigados que no fueron arrestados, entre los que se encuentra Novo. El resto de investigados también serán citados por el titular de Instrucción 18.

Novo deberá comparecer el próximo miércoles por un presunto delito de blanqueo de capitales por estar --junto a otra persona que también declarará como investigada-- autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular, según ha informado el TSJCV.

La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Así, se investigan en estas instituciones contratos desde el año 2003.

Entre los 24 detenidos se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exsecretario autonómico de Deporte y exdiputado en las Corts, David Serra; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, entre otros.

Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

LIBERTAD PROVISIONAL

Todos los arrestados están ya en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros.

Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.