La oposición del Ayuntamiento de Santiago reclama la inmediata dimisión de los concejales condenados

Los portavoces de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Santiago han reclamado la inmediata dimisión de los siete ediles del PP condenados a nueve años de inhabilitación, mientras el Gobierno local todavía se encuentra estudiando la sentencia y no ha dado a conocer el paso que tomará ante el fallo judicial.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santiago, Francisco Reyes, ha aplaudido la "independencia" y "agilidad" de la Justicia a la hora de abordar una situación de esta índole.

Asimismo, ha advertido de que la sentencia "deja claro" lo que el PSdeG decía cuando se abrió juicio oral, que los concejales imputados "tenían que haber dimitido" para evitar esta "imagen terrible" para la capital gallega, la de una Junta de Gobierno en pleno "sentada en el banquillo" y ahora condenada.

Sobre todo ha criticado que los concejales imputados no han sido capaces de mostrar "generosidad" a los ciudadanos de Santiago y han puesto por delante "sus intereses de ambición política" antes que los de la propia ciudad de Santiago. "Deben dimitir hoy mismo", ha reiterado.

"Nos encontramos a una Junta de Gobierno en pleno condenada penalmente por un delito de prevaricación a 9 años de inhabilitación", ha insistido Reyes, quien ha señalado que el PP tiene la "responsabilidad al 100%" de lo que ocurre en el Ayuntamiento y es "quien tiene que dar una solución".

Sobre la próxima actuación del Gobierno local, Reyes considera que cualquier solución tiene que pasar por la asunción de "responsabilidad al 100%" por parte del PP pero que la constitución de una gestora "no es asumible" para el PSOE, por lo que ha instado a Alberto Núñez Feijóo a mostrar si "tiene confianza en las personas que restan" en la lista de Santiago y asumir su responsabilidad.

Tras recordar que entre los que conforman la lista se encuentra el consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha considerado que es su ocasión para demostrar que "quiere" a la ciudad de Santiago "por encima de cualquier situación o circunstancia" y dimitir de su actual cargo "por compromiso".

"TIENEN QUE DIMITIR HOY"

Por su parte el portavoz municipal del BNG, Rubén Cela, ha advertido de la "situación absolutamente límite" que vive la ciudad de Santiago de Compostela "por culpa de la irresponsabilidad" y "el mal hacer del PP", con diez imputados en alguna de las seis causas que afectan al grupo de gobierno.

Cela ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estirar "todos los tiempos" para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas y "no resolver los problemas votando", lamentando que a partir de ahora "cualquier solución" a esta situación "es mala".

"El alcalde no puede seguir ni un día más", ha advertido Rubén Cela, quien lo ve "deslegitimado" y "desprestigiado" para encabezar el Gobierno local. Por ello, pode "tolerancia cero" con la corrupción y ha exigido que los concejales imputados presenten "de modo fulminante" su dimisión.

Asimismo, ha considerado que Feijóo "debe dar explicaciones" por impedir a los vecinos "opinar" en las urnas sobre la situación del Ayuntamiento, insistiendo en que con elecciones anticipadas Santiago tendría "un gobierno legitimado".

"Es una falta de respeto a los vecinos", ha reiterado el portavoz del BNG en Santiago, recordando que todavía "hay cinco causas judiciales más abiertas", confiando en que "a nadie del PP" se le pase por la cabeza "no tomar ningún tipo de medida".

Sobre el siguiente paso a tomar por parte de los concejales afectados, Cela ha señalado que "lo más probable" será la renovación de los puestos del Gobierno local que queden vacíos con la marcha de los siete ediles inhabilitados.

CONDENADOS

Los concejales condenados son María Pardo, teniente de alcalde, responsable de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis García Bello, de Seguridade Cidadá.

Todos ellos aprobaron en Junta de Gobierno pagar la defensa a Adrián Varela, implicado a su vez en el caso Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes alegando que lo hacía, precisamente, en solidaridad con sus compañeros que se habían sentado en el banquillo el 19 de mayo.

No obstante, el mismo día que formalizó su renuncia había sido citado a declarar en calidad de querellado a raíz de la querella presentada contra él por la CIG después de que pidiese el despido de la mujer de un sindicalista.