La oposición ve en los presupuestos para Justicia un "corta y pega" y rechaza que crezcan menos que en 2017

Los grupos parlamentarios de la oposición han advertido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que las partidas presupuestarias destinadas para el departamento que dirige el ministro Rafael Catalá son un "corta y pega" de anteriores, a lo que se ha añadido su rechazo a que el incremento en 2018 sea la mitad con respecto al año pasado.

Así lo han dicho ante la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, que ha comparecido en dicha comisión para explicar y pedir el apoyo para la aprobación los Presupuestos Generales del Estado para 2018. En ella, ha explicado que gracias al "contexto económico favorable" los créditos asignados para Justicia ascienden a 1.781 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento respecto a 2017.

Este incremento permitirá aumentar la plantilla de jueces y fiscales con 300 nuevas plazas y la de funcionarios en 3.000 plazas, respondiendo así a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones; "avanzar" en seguridad jurídica; apoyar al colectivo de víctimas; y continuar con el proyecto de transformación digital de la Justicia para adaptarla a la "era digital" del siglo XXI, entre otros aspectos.

La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha aprovechado su intervención para agregar que es "evidente" que los partidos de la oposición hagan "interpretaciones variadas", pero ha defendido que estos presupuestos son "buenos" porque son "coherentes" y demuestran que cuando se dijo "que había menos dinero" y que había que hacer recortes no era "por capricho". Además, ha enfatizado que las cifras previstas para 2018 son mucho "más altas" que las fijadas para antes de la crisis y por el gobierno socialista.

NO RESUELVEN LAS DEMANDAS DE ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES

Sin embargo, para el PSOE y Unidos Podemos estos presupuestos no son suficientes para mejorar la Administración de Justicia, ni dar solución a las reivindicaciones que han manifestado las asociaciones de jueces y fiscales que han anunciado paros parciales entre el próximo 26 de abril y el 17 de mayo y una huelga para el día 22 de mayo.

El portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Eduardo Santos, ha destacado que estos presupuestos son un "corta y pega de presupuestos anteriores que no abordan de manera definitiva y eficaz los problemas de la Justicia" como reducir la "sobrecarga" de trabajo en los órganos judiciales. Según ha dicho, a la formación 'morada' le ha llamado "poderosamente la atención" la disminución de un "16 por ciento" en la formación para los representantes de la Fiscalía, cuando el Gobierno apuesta por ceder la instrucción de las causas penales al Ministerio Público.

Para Santos, el Ministerio de Justicia ha hecho "un esfuerzo inútil" en la modernización de Justicia, aunque éste sea una de las grandes apuestas del ministro Rafael Catalá porque lo único que se ha conseguido, en su opinión, es "empeorar" y "redundar en el perjuicio" del servicio público.

Los socialistas, que también consideran que los presupuestos son "continuistas", han hecho hincapié en el denominado proyecto 'papel cero', pues según ha dicho el que fuera portavoz de los socialistas Antonio Hernando es necesario invertir en "más medios" porque hay "más carencias". En este sentido, ha recordado los fallos de seguridad producidos el pasado verano en el sistema de notificaciones LexNET y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) declaró una infracción automática: "Tenemos un problema y Houston son ustedes", ha ironizado Hernando al respecto.

Por su parte, Sánchez-Cortés le ha contestado que la AEPD no declaró impuso sanción, sino una infracción que se declara automáticamente cuando existe "una quiebra de seguridad, que es lo que ha ocurrido", y ha recalcado que también afirmó que ningún expediente judicial se vio afectado.

Compromís --además de mostrar su queja por la "política de parches" que desarrolla Justicia con LexNET-- ha sido otro de las formaciones políticas que han mostrado su descontento con el crédito concedido para 2018. Su portavoz de Justicia ha subrayado que tanto en la judicatura como en el Ministerio Fiscal existe una brecha salarial y que, aunque las cuentas para 2018 prevén un aumento de dotación de personal, sigue siendo "exiguo" para paliar esta situación.

RESPALDO DE CIUDADANOS

Por otro lado, el partido de Albert Rivera ha recalcado que el proyecto de presupuestos que presentó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro el pasado 3 de abril "continúa por la senda de compromisos adoptados con Ciudadanos en el acuerdo de investidura", cuyo objetivo en materia de Justicia es "conseguir un servicio público de calidad".

Así lo ha dicho Marcial Gómez Balsera, quien ha aplaudido que en ellos se prevea el incremento de 300 plazas de jueces y fiscales. Aún así ha añadido que no quieres que esta cifra sea el "límite máximo" de oferta pública, sino que se convierta en el "límite mínimo".

El diputado de Ciudadanos también ha celebrado el aumento de un 3,1 por ciento de los presupuestos destinados al departamento de Catalá, pero ha señalado que esta subida es la "mitad del incremento con respecto a 2017", que creció un siete por ciento.