La oposición reclama en el Congreso más "proporcionalidad" entre hombres y mujeres en los cargos judiciales

Los grupos parlamentarios de la oposición han reclamado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aumente la "proporcionalidad" y la paridad de hombres y mujeres en el nombramiento de cargos en la carrera judicial.

Salvo el PP, todos los grupos parlamentarios han destacado durante el debate de más del centenar de propuestas de resolución que han presentado formaciones políticas a la última memoria del CGPJ. Precisamente, Ciudadanos ha subrayado la necesidad de que se produzca la "verdadera despolitización" de la Justicia, ya que los ciudadanos no perciben que sea un "poder independiente".

En este sentido, el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha instado a finalizar la "arbitrariedad" con la que se designan a los altos cargos de los órganos judiciales y ha enfatizado que se prioricen los criterios de mérito y capacidad. Asimismo, ha afirmado que la justicia tiene que ser un servicio "eficaz, moderno, a la altura del siglo XXI" y para ello pide que se realice una reforma del Código Penal para "ponerlo al día" y acabar con la duración "indebida" de los procedimientos.

El PSOE ha sido otro de los partidos que ha llamado la atención al órgano de gobierno de los jueces debido a la "desproporción" existente en los nombramientos de mujeres y cargos en instancias judiciales. La socialista Soraya Rodríguez ha puesto de manifiesto que para luchar contra la corrupción hacen falta medios materiales, así como una oficinas multidisciplinares y no acortar los plazos de instrucción de las causas.

Por otro lado, ha aseverado que la bajada de litigiosidad en los juzgados no se debe a la mejora de la eficacia en la Administración de la Justicia, sino a las "malas leyes" aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, recordando la ley de tasas judiciales impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que fue declarada nulas por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el 'popular' Avelino de Barrionevo ha pedido al CGPJ que se evalúe la carga de trabajo de los jueces y magistrados para conocer con exactitud cuántas plazas nuevas son necesarias para ofrecer una "mayor respuesta a los ciudadanos". En este sentido, ha solicitado a todo el Hemiciclo que voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 presentados este martes para crear esos nuevos puestos de trabajo y fomentar la formación de los miembros de la carrera judicial.

RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA DEL CGPJ

Por otro lado, el diputado de En Comú Podem y portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Jaume Moya --que también ha insistido en la necesidad de que haya igualdad y paridad entre hombres y mujeres en las sedes judiciales, así como la formación y especialización de los jueces en temas relacionados con la violencia de género--, ha afeado el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces porque, a su juicio, es un "régimen presidencialista".

Asimismo, también ha criticado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comente públicamente las sentencias dictadas por los tribunales, como fue el caso de la resolución del Tribunal Supremo en la que se avala que una empresa pueda subcontratar a otra en caso de huelga: "Es un grave ataque del Ejecutivo a la independencia judicial".

USO DE IDIOMAS COOFICIALES

Tanto como Unidos Podemos como los partidos independentistas catalanes y el nacionalista vasco han defendido el refuerzo del uso de las lenguas cooficiales en la Justicia. Por otra parte, la portavoz de Justicia del Partido Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Lourdes Ciuró, ha reiterado la importancia de garantizar la "transparencia e independencia" en la política de nombramientos de los profesionales de la Justicia.

Para ello, proponen que la ley establezca unos requisitos objetivos que se basen en la igualdad, mérito y capacidad. Además, Ciuró ha insistido en que las autoridades públicas no deben formar parte del órgano de gobierno de los jueces porque sino seguirá siendo "ifluenciado e influenciable".

También, ERC ha manifestado su "preocupación" por la política de nombramientos efectuados por el organismo presidido por Carlos Lesmes. Según ha dicho la diputada catalana Ester Capella, la designación se basa en "posicionamientos ideológicos", que no defiende la paridad, ni se reconocen los méritos alcanzados por los magistrados.

Por último, el peneuvista Mikel Legarda ha recalcado que se debe fomentar la especialización sobre los procedimientos relacionados con la violencia de género, en los que se ven inmersos menores de edad o los delitos de odio con el fin de evitar el entendimiento "transversal".