Toda la oposición recurre ante el TC la prisión permanente revisable por ser "inhumana"

Diputados del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG) han estampado sus rúbricas en el recurso que ha sido anunciado en el Congreso de los Diputados, antes de ser presentado ante el Tribunal Constitucional.

El secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, ha advertido de que el nuevo texto penal "no se va a aplicar nunca en nuestro país" y que "en cuanto Mariano Rajoy salga del Gobierno habrá una nueva mayoría" que lo derogará.

A su juicio, existen "motivos más que de sobra" para cuestionar una docena de artículos relativos a esta "cadena perpetua", que chocan "frontalmente" contra cuatro preceptos de la Constitución: la prohibición de penas inhumanas o degradantes (artículo 15), los principios de seguridad jurídica, libertad y legalidad (9,17 y 25.1) y la reinserción social a la que deben orientarse las penas (25.2).

Para el parlamentario de la Izquierda Plural José Luis Centella, el PP ha abierto un "debate peligroso" al apostar por un "Estado autoritario" y por medidas que se revelan "ineficaces" para combatir el terrorismo y la delincuencia.

"Un sinsentido"

El diputado de UPyD Rafael Calduch ha apuntado que España es uno de los pocos países occidentales que obliga a cumplir íntegramente las penas a los terroristas, pero que con la reforma "cabría la paradoja de revisar sus penas" antes de que las cumplan en su totalidad. "Es un sinsentido. Queremos evitar que las víctimas de graves delitos vean salir a la calle a los causantes de su dolor, como ocurrió con la Parot", ha añadido.

Desde CDC, Carles Campuzano ha puesto de relieve que toda la oposición "dio la batalla" en el trámite parlamentario y, ahora, la dará en el Alto Tribunal contra este "populismo penal" y "error político" del Ejecutivo de Rajoy.

El diputado Antoni Picó, de UDC, ha mostrado también su ""radical" oposición a una ley que "endurece" las penas con "matices ideológicos" e "incertidumbre", puesto que un condenado sabrá cuando entra a la cárcel pero no cuando sale, pudiendo estar hasta el momento de su muerte.

Por parte del PNV, Aitor Esteban ha expuesto que existen "poderosas" razones para recurrir la "cadena perpetua encubierta". "El PNV no quiere un modelo penal tipo EEUU. Es una pena sin sentido en el plano humano y desde el punto de vista de la seguridad jurídica".

Finalmente, el diputado de Compromís Joan Baldoví ha hecho un llamamiento a que el espíritu de consenso entre los grupos continúe en la próxima legislatura, mientras que Olaia Fernández, de BNG, ha destacado que "es la única legislatura desde 1977 que los grupos se únen tanto contra leyes del Gobierno, que son injustas".

Recurso: "Un menoscabo psíquico y físico"

En el recurso, recogido por Europa Press, los diputados denuncian el carácter "inhumano, cruel y degradante de la cadena perpetua" porque ocasiona "graves padecimientos psíquicos" al condenado, deteriora su personalidad y menoscaba sus capacidades cognitivas y sociales. "Es una pena de naturaleza corporal dado que menoscaba psíquica y físicamente a la persona", señala.

En este sentido, advierte de que la excarcelación del interno depende de un juicio de pronóstico que "se ha evidenciado científicamente insostenible por las elevadas tasas de error que genera y que conducen al mantenimiento mayoritario de los reclusos en prisión"

"El carácter revisable de la prisión permanente no deja en manos del reo la llave de su libertad ni permite responsabilizarle de su mantenimiento en prisión", indica el recurso, para añadir que el sistema no prevé instrumentos específicos de reinserción y que la normativa española no puede reducir el alcance de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución española.

La "batalla" prosigue en el alto tribunal

La prisión permanente revisable, planteada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y mantenida después por su sucesor Rafael Catalá, ya concitó las críticas de toda la oposición durante la tramitación parlamentaria del Código Penal.

Cuando se aprobó en el Congreso, junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', el PSOE ya anunció su intención de recurrir ambos textos ante el TC, dejando claro que su apoyo a los artículos relativos al pacto antiyihadistas no implicaba el aval a este castigo máximo, que equipara a la cadena perpetua.

El Grupo Socialista, el único de la oposición con suficientes diputados para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, celebró la pasada semana una reunión con penalistas para definir la redacción del recurso. La firma de diputados de otros grupos ya se utilizó contra la reforma laboral y contra la llamada 'ley mordaza'.