La oposición valenciana espera que la inhibición del TSJCV a la AN no suponga "más retrasos"

En este punto, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado que se trata de una "bomba de relojería con un lacito" que le envía el TSJCV al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

En declaraciones en los pasillos de las Corts sobre la decisión del TSJCV, el síndic socialista, Antonio Torres, ha advertido de que eso "significa más retraso" aunque ha añadido que "por mucho que se retrase, al final el PP, tendrá que dar cuenta de toda la financiación irregular que se ha producido en el partido".

Torres ha apuntado que detrás de las seis piezas de Gürtel hay una misma razón: "financiación irregular del PP", y ha criticado que el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, en la sesión de control de la semana pasada, "no quiso responder" por la "caja B de 3,3 millones, desde donde estuvo sufragando, aparte de lo que hicieron los empresarios, la mayor parte de los actos electorales" en 2007 y 2008.

Oltra ha agregado que la inhibición del TSJCV "es una noticia que a Rajoy no le gustará porque el problema de la financiación irregular del PP es sistémico salpica a la cúpula del PP valenciano, pero también apunta a la cúpula del PP en toda España".

A su juicio, el presidente 'popular' "ya no puede ponerse de espaldas porque ahora la libreta de Bárcenas y la financiación irregular del PP estarán en la misma causa porque son lo mismo". "No es el caso Bárcenas, sino que es el caso PP", ha remarcado.

"PERJUICIO A LA ECONOMÍA NACIONAL"

Por su parte, el portavoz de EUPV, Ignacio Blanco, ha apuntado que, según la ley, la Audiencia Nacional es competente en casos de narcotráfico, terrorismo y delitos económicos que causen un grave perjuicio a la economía nacional. "Podríamos decir que el caso Gürtel, sostenido a lo largo del tiempo ha causado un grave perjuicio a la economía nacional y a la democracia", ha argumentado.

Blanco ha apuntado que, "ya sea un tribunal u otro, lo que quiere la ciudadanía es que se juzgue pronto la responsabilidad penal de quienes se aprovecharon de contratos públicos para beneficiar a su partido" porque "son muchos años de instrucción y la gente desconfía de la lentitud de la justicia, muchas veces motivada por decisiones políticas".

"Esperemos que ésta sea la última fase y que cuanto antes los responsables de haber adulterado la democracia, haber desfalcado fondos públicos y financiado ilegalmente, cumplan sus penas de prisión", ha añadido Blanco, que ha exigido también "responsabilidad política porque este caso afecta a la propia estructura del PP", dado que los acusados "robaban para el partido, no para sus bolsillos".