El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, había solicitado a la Abogacía del Estado que interpusiera recurso contencioso-administrativo tras conocer que el Ayuntamiento había incluido en el programa festivo el acto a favor de los reclusos de la banda armada.
La autoridad judicial ha decidido, además, conceder audiencia al Consistorio para que, en el plazo de tres días, alegue lo que considere oportuno, para que el juez decida a resolver, en un auto, sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión o la modificación de la medida adoptada.
