El técnico que permitió el 'pelotazo' de 'Pallaresa' defiende la operativa: "Fue para evitar el colapso"

El que fuera director del área de Servicios Territoriales del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Luis Falcón ha defendido este martes en una nueva vista oral del juicio que acoge la Audiencia Nacional por el caso 'Pretoria' que emitió el informe favorable a la modificación de usos de la operación urbanística conocida como 'Pallaresa' únicamente por motivos empresariales para evitar su colapso.

Falcón, que ha prestado declaración en calidad de testigo, ha asegurado que el proyecto urbanístico aprobado por el consistorio de Santa Coloma en 2001 para la creación de un centro comercial, un hotel y viviendas, había que modificarlo para "salvar la operación" pese a la acusación de la Fiscalía que entiende que el cambio de usos ocultaban la revalorización de los terrenos de la que se beneficiaron las sociedades que habían conseguido irregularmente la adjudicación.

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca apunta en su escrito que Falcón actuó bajo las directrices del exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y del empresario Luis García alias 'Luigi', el intermediador de la trama, y no se opuso a que la adjudicataria fuera la sociedad Centre Comercial Gramenet, integrada por la empresa Proinosa, de Josep Singla, y posteriormente Tultar, de 'Luigi'.

La venta de la misma a unos intermediarios holandeses les generó plusvalías en caso del empresario de 1,5 millones de euros y de 800.000 en el de Singla y, con el objetivo de revalorizar el terreno, presentaron un nuevo planteamiento urbanístico que excluyó conscientemente la plusvalía que les iba a generar la operación y que contó con el visto bueno de los técnicos hasta llegar al Pleno del Consistorio donde fue finalmente aprobado.

"La modificación solo podía incidir en un elemento de valor. El interés público radicaba en que la operación no se colapsara y cayéramos en un bucle de reclamaciones", ha explicado el testigo en el juicio sobre esta trama de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona y que sienta en el banquillo de los acusados a Macià Alavedra y Luis Prenafeta, dos hombres fuertes de Jordi Pujol en la Generalitat que reconocieron haber cobrado comisiones por mediar en estos proyectos.

RECHAZA PRESIONES A LA INTERVENTORA

Falcón ha insistido en que era necesario modificar las condiciones cediendo más terreno a la creación de viviendas en detrimento de la zona comercial y ha rechazado que hubiera presionado a la interventora municipal Maite Carol -a la que Muñoz llamó 'imbécil asquerosa' según las grabaciones telefónicas reproducidas en el juicio-- para conseguir su aprobación.

Previamente, Francisco Javier Ezquiaga, secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet desde 1989, ha defendido igualmente la legalidad de la operativa rechazando cualquier "maniobra" urdida para evitar que la sociedad Centre Comercial Gramenet fuera la única que licitara el proyecto urbanístico que generó unas plusvalías de 18,6 millones de euros.

El tribunal que sienta en el banquillo a once acusados, juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la trama bajo la que llevaron a cabo la operación Pallaresa en Santa Coloma de Gramenet; la operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres, y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona.