Los policías acusan a Interior de buscar el delito antes que la prueba y cargan contra su "aceleración verbal"

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han cargado este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.

"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal".

"Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes", ha añadido. A su juicio "no se puede acusar así, linealmente de un delito tan grave".

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones". Según ha dicho, "es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga".

"Lo que no se puede hacer es con el trabajo policial y con situaciones tan críticas aprovecharse para obtener réditos políticos o mediáticos. Una vez más condenamos la aceleración verbal que desde el Ministerio del Interior se produce ante la actuación policial ante determinados asuntos", ha zanjado.

Pese a que desde el Ministerio del Interior y el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciaron que los detenidos iban a ser acusados de un delito contra los altos organismos del Estado, el propio atestado policial descarta este extremo. Por este motivo el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha remitido la causa a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla.