El juez de 'Púnica' archiva la causa para Cristina Cifuentes
Considera que no hay pruebas de que la expresidenta madrileña participara en la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad
Cifuentes solicitó el sobreseimiento del caso el pasado 10 de noviembre
Dicta sobreseimiento provisional del presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández, vinculado por en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea
Carpetazo del juez a la posible vinculación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes con el Caso Púnica vinculado con la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. El magistrado considera que no se ha acreditado que la política popular, que dimitió tras aparecer en un vídeo en el que robaba unas cremas, participara en los hechos que se le imputaban.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha motivado su decisión: "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos" por los que figuraba como investigada. Cristina Cifuentes, investigada en esta pieza de la causa desde el 2 de septiembre de 2019, había pedido el sobreseimiento del caso el pasado 10 de noviembre.
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En el auto de García Castellón también acuerda el sobreseimiento provisional de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco, el empresario Arturo Fernández, acusados, como Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea en los procesos de licitación de 2009 y 2011.
La investigación se ha basado en un informe policial que se daba cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en este poniendo el foco en donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
El juez, sin embargo, concluye que no se ha acreditado que Cifuentes participase en la gestión económica de Fundescam, y considera que la imputación de que supiese de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a sus cuentas "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente".
La decisión de García Castellón explica que no hay indicios que permitan sostener que Cifuentes supiese "quiénes eran los donantes" de Fundescam, que conociese las aportaciones vinculadas a Arturo Fernández o que su actuación en ese proceso de licitación investigado "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación señalada".