El presidente del Consejo de Estado, a favor de "cerrar" el traspaso de competencias a las autonomías

El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha subrayado este viernes que el modelo autonómico es "práctico y operativo", pero ha abogado por "cerrar" el traspaso de competencias del Gobierno central a las comunidades autónomas, ya que "prácticamente todas se han transferido".

Romay Beccaría, que ha clausurado las XV Jornadas de la Función Consultiva que organiza el Consejo Consultivo de Castilla y León, se ha mostrado favorable a que "no se sigan reclamando" nuevas competencias y ha defendido la "igualdad" de todos los españoles dentro de la autonomía y los rasgos propios de cada comunidad.

Por eso, ha abogado por derogar el artículo 150.2 de la Constitución. Ese artículo señala que el Estado "podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

El presidente del máximo órgano consultivo del Estado ha declarado que el papel del Estado debe ser el de "defensor de esa igualdad" y ha recordado que el Consejo de Estado ya recomendó en su día que éste "no quedara sin capacidad", al tiempo que ha reclamado "reforzar la coordinación" entre administraciones dentro de España.

Previamente, Romay Beccaría ha firmado en el Libro de las Cortes de Castilla y León, en el que ha reconocido el papel de esta Cámara como "sucesora" de las primeras Cortes que "en los confines de la monarquía feudal y absoluta" fueron pioneras a la hora de "discutir el poder del rey", germen "de la división de poderes" y, por tanto, "modelo para Europa y el mundo, y también para las modernas Cortes constitucionales".

Así, se ha mostrado "orgulloso" de lo que Castilla y León ha supuesto "en la historia de España", pues "anticipó el actual Estado social y democrático de Derecho".

Tras esto, ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título 'La España de las autonomías: propuestas para una posible reforma. Futuro de la ordenación territorial del Estado', en la que han participado, entre otros, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, y el miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y catedrático de Derecho Constitucional Jaume Vernet i Llobet.

"EL MEJOR MODELO POSIBLE"

En su intervención, De Santiago-Juárez ha sentenciado que el actual sistema autonómico es "el mejor modelo posible", aunque ha admitido que se puede "mejorar y reformar".

En este sentido, ha pedido "no tener miedo" a reformar la Constitución, pues "cada generación quiere ser constituyente", pero ha advertido de que las distintas corrientes existentes hacen que "no haya una mayoría" de acuerdo con una determinada fórmula que haga posible esta reforma.

El portavoz del Ejecutivo castellanoleonés ha recordado que, dentro de los que apuestan por reformar la Carta Magna, existen diversas opiniones, como los que aspiran a "recentralizar" el país, los que pretenden "federalizarlo", los que defienden "un federalismo asimétrico" e incluso quien aspira a "catalanizar España".

Por lo tanto, ha abogado por "seguir profundizando en el modelo territorial" hasta lograr "una mayoría posible" para reformar la Constitución y "cerrar el modelo de una vez", al tiempo que ha insistido en mantener el diálogo para lograrlo. "Uno no se puede cansar nunca de dialogar", ha añadido.

De Santiago-Juárez ha defendido el modelo autonómico frente a los que lo consideran "enfermo", si bien ha admitido como posibles "virus" que ha incubado en estos años los "problemas de nacimiento" que lo dejaron "sin cerrar" y "la falta de una financiación adecuada desde el principio".

Sin embargo, ha señalado que estos patógenos se han mantenido "latentes" durante 35 años y que no han brotado hasta el estallido de la crisis económica, que "ha obligado a buscar culpables". Así, ha diagnosticado que la enfermedad que sufre el modelo es la de "la cabeza de turco" y ha lamentado que "desde todos los sectores" se haya convertido a las comunidades autónomas "en sospechosas de todo" y se las acuse de ser "un obstáculo para la recuperación" de España.

"Se nos acusa de ineficaces, despilfarradoras, inútiles, desleales, egoístas, envidiosas y culpables del déficit, a pesar de que somos nosotras las que prestamos al ciudadano la mayor parte de los servicios", ha aseverado.

Asimismo, ha defendido las competencias compartidas con las administraciones locales y ha negado que eso suponga una "duplicidad", al tiempo que ha reclamado mejorar el sistema de financiación para las comunidades autónomas.

Por último, el consejero de la Presidencia de Castilla y León ha ensalzado la creación bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, pero ha apostado por establecer una similar "sin la tutela del Gobierno", quien actualmente es el encargado de convocarla, para mejorar la coordinación y la colaboración entre las distintas regiones, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo central que ejerza sus competencias para "favorecer la cohesión de los territorios".

"EXTIRPAR" EL MODELO

Por su parte, Vernet i Llobet ha planteado la posibilidad de que la solución no pase por cerrar el modelo autonómico, sino por "extirparlo" y ha remarcado que existen dos visiones muy diferenciadas de esa fórmula en función de la comunidad donde se pregunte. De esta forma, ha resaltado que mientras que Cataluña o País Vasco el modelo se percibe como "muy centralizado", en el resto de España se considera "demasiado descentralizado".

Asimismo, ha subrayado que la única manera de saber "qué quieren los catalanes" es "preguntarles".

En este sentido, ha admitido que dentro del panorama nacional, los catalanes "siempre serán una minoría", pero ha advertido de que esa minoría "no se ha sentido escuchada" por la mayoría, por lo que ha defendido su "derecho a decidir", el cual goza de "apoyo ciudadano y parlamentario" dentro de Cataluña.