El presidente del Puerto de Ceuta dimite para preparar "en cuerpo y alma" su defensa

En un comunicado, Torrado, que desde 1996 únicamente dejó la Presidencia del Puerto de Ceuta durante los meses que entre 1999 y 2001 ocupó el GIL el Gobierno de la Ciudad, ha explicado que dimite "con la conciencia tranquila" y "convencido" de su "inocencia" pese a "las graves acusaciones de las que soy objeto".

"Debido a la situación en la que me encuentro, por preservar los intereses de la institución que represento y por el cariño que siento hacia ella he decidido presentar mi renuncia al cargo que ejerzo y dedicarme en cuerpo y alma a mi defensa y a la de la Autoridad Portuaria de Ceuta, ya que no permitiré que éstas se vean dañadas de manera gratuita", ha apuntado.

En el mismo comunicado, Torrado ha agradecido el "apoyo" y la "leal colaboración" que le han brindado las personas y entidades que han confiado en él, "De manera muy especial el personal de la Autoridad Portuaria a la que tanto quiero y debo, los miembros de los Consejos de Administración que he tenido el honor de presidir y toda la comunidad del puerto", ha indicado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta dictó la semana pasada auto de apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra Torrado, al que dio diez días para presentar escrito de defensa. La Fiscalía solicita para él una condena de cinco años de cárcel y la acusación particular, de 6,5. Además, el Ministerio Pública estima que debería restituir a la Autoridad Portuaria 1,47 millones de euros y el instructor de la causa, que llegó a archivarla dos veces, le ha impuesto una fianza de 2,07 millones para "para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse".

SIETE AÑOS DE INSTRUCCIÓN

La Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta presentó en 2011 una querella contra Torrado y otros dos cargos de la Autoridad Portuaria acusados de permitir a la empresa que es adjudicataria desde 2006 de la gestión de la dársena deportiva, 'Mahersa', un supuesto incumplimiento "sistemático" del Pliego de Condiciones que rige la concesión.

Tres meses después de resolver el concurso, el presidente del Puerto permitiría el encarecimiento de las tarifas máximas a pagar por los usuarios "un 13% sobre el conjunto de las tasas que venía facturando la Autoridad Portuaria con anterioridad a la adjudicación del concurso", supuestamente por encima del 10% de incremento de precios preestablecido; y, en paralelo, reducir el canon que debía pagarle la concesionaria de 415.000 a 157.000 euros.

En diciembre de 2007, la Autoridad Portuaria "condonó" a 'Mahersa' (empresa presidida por un diputado autonómico del PP, José Manuel Ávila, y un familiar cercano de Vivas) una deuda de 232.799,64 euros para "compensar" deudas, según los querellantes "inexistentes", por el mismo importe.

La Audiencia Provincial ordenó proseguir las diligencias contra Torrado al considerar que "no sólo habría llevado a cabo una actuación que aparentemente sería contraria a la legalidad sino, además, groseramente quebrantadora de las normas desarrolladoras de la explotación por terceros del dominio público portuario en virtud de una concesión".

Además, ha estimado que "no cabe descartar en absoluto que pudiera haber existido un conglomerado de personas que, incluso antes de adjudicarse la concesión a 'Mahersa', pudiera haber actuado en la sombra y desde fuera y dentro de la Autoridad Portuaria de Ceuta con el objeto último de lograr que acabara siendo concesionaria y obtuviera el mayor beneficio posible con la explotación del dominio público portuario".