La jueza decide imputar a la profesora de la URJC que negó haber presidido el tribunal del TFM de Cifuentes

Así lo han señalado fuentes jurídicas después de que esta mañana la profesora haya declarado ante el juez pero en calidad de testigo. En el marco de las declaraciones, la magistrada ha decidido cambiar su situación a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster, han añadido a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

López de los Mozos ya declaró el pasado 5 de abril en el marco de la investigación abierta por el máster de la expresidenta de la Comunidad en la Universidad. Lo hizo con un escrito en el que señaló que ella no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de la exdirigente madrileña.

Esta versión se contradecía con la que se había recogido al principio de la polémica, cuando se aseguró que ella era la presidenta de este tribunal y que como tal firmó en el supuesto acta. Ella también negó haber firmado dicho documento e insistió en tener "relación alguna" con este caso que le estaba ocasionando "importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales".

En su declaración, bajo juramente, continuó señalando que no había "formado parte" ni "presidido" ningún tribunal que haya examinado dicho TFM de Cristina Cifuentes, y que como consecuencia de ello, no reconocía "el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación ni tampoco la firma que aparece en el mismo".

Del mismo modo, la profesora indicó durante su declaración que no tenía conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC ni del TFM de Cifuentes "ni de ningún otro documento en relación con el mismo".

ACTA DE LA UNIVERSIDAD

La profesora salía como presidenta del tribunal en el acta que la universidad facilitó al equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes el pasado 21 de marzo y que fue, posteriormente, difundido a los medios de comunicación como una de las pruebas de que había realizado el máster en la universidad.

De hecho, la propia presidenta salía unas horas después realizando un vídeo en directo por Periscope, con el acta en la mano diciendo: "Aquí tengo un acta del Trabajo Fin de Máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación que fue el 2 de julio de 2012 la calificación del trabajo que por cierto saqué un notable".

En el comunicado emitido ese mismo día por la Comunidad de Madrid, destacaban que "seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y la carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el Máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades".

'El Confidencial' publicaba después unas informaciones sobre la falsificación de al menos dos de las firmas que constaban en el acta. También señalaban que el documento se habría realizado el mismo día 21 de marzo (cuando este tribunal se reunió supuestamente en julio de 2012).

Coincidiendo con el pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid donde Cifuentes compareció por este caso, su equipo descartó incluir este acta entre la documentación que, a su juicio, demostraría que ha realizado estos estudios. El resto de escritos sí que se entregaron y estaban compulsados por la propia Universidad.

También ha comparecido ante la magistrada la profesora Cecilia Rosado, investigada en la causa sobre un presunto delito de falsedad documental. Su declaración se ha producido esta tarde, dado que la ronda de testimonios programada durante la mañana se ha prolongado más de lo previsto.

Rosado, secretaria del tribunal del polémico TFM, ha comparecido en calidad de investigada, dado que declaró ante la Policía que sí firmó el acta del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes pero bajo presiones del entonces director del máster Enrique Álvarez Conde.

También ha comparecido Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de la expresidenta madrileña desde una Intranet de la universidad. Calonge, acompañada en todo momento por su abogado, no ha querido hacer declaraciones a los periodistas congregados en las dependencias judiciales.

En concreto, Cifuentes aprobó todas las asignaturas del máster que cursó menos la relativa a la financiación de las comunidades autónomas y el propio TFM. En 2014, Amalia Calonge habría modificado las notas tanto de la citada asignatura como del trabajo desde los sistemas informáticos de otro campus.

La expresidenta exhibió durante un pleno monográfico en la Asamblea sobre el máster un documento para demostrar que el profesor Pablo Chico de la Cámara pidió a Calonge que cambiara las notas al haberse producido un error en la transcripción de la calificación.

TESTIFICALES

Desde primera hora de la mañana, un total de cinco testigos han ido desfilando ante la juez instructora, negándose todos ellos a hacer manifestaciones. Los interrogatorios han sido extensos al prolongarse cada uno en más de una hora en muchos casos. Los abogados de las defensas y de las acusaciones han mantenido un silencio sepulcral durante todos los interrogatorios.

Tras ella, ha declarado Clara Souto, otra de las docentes que habrían formado el tribunal. En su caso, no declaró ante la Policía. Además, el marido de Lopéz de los Mozos también ha sido interrogado al haber sido supuestamente testigo de las coacciones.

También han testificado ante la magistrada la jefa de Inspección de Servicios de la universidad, Pilar Trinidad Núñez, que tras los testimonios recabados en la información reservada abierta por la URJC comunicó al rector Javier Ramos posibles irregularidades, que luego fueron enviadas a la Fiscalía por parte de la Universidad.

FALSEDAD DOCUMENTAL

Hace unos días el juez también citó para el próximo 6 de junio a Enrique Álvarez Conde, exdirector ya suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella por presunto delito de falsedad documental de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas.

Se trata de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Angela Figueruelo, y cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes y que sostiene que ella "nunca intervino" en ese proceso y que su firma fue falsificada