El juez prohibió a Sito Miñanco trabajar en Galicia y supeditó su libertad condicional al juicio por blanqueo

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, tenía prohibido expresamente trabajar en su Galicia natal por decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que también supeditó la concesión de su libertad condicional a la celebración en la Audiencia Provincial de Pontevedra de un nuevo juicio contra él por blanqueo de capitales, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, dio el visto bueno el 14 de abril de 2015 y luego el 11 de octubre de 2016, con la conformidad de la Fiscalía, para que Sito Miñanco disfrutara de un régimen de semilibertad en aplicación del artículo penitenciario 100.2, que regula el llamado principio de flexibilidad que permite al interno clasificado en segundo grado incorporarse progresivamente al medio abierto.

La Audiencia Nacional obligó a Sito Miñanco, de 62 años, que presentara una oferta laboral "fuera de la Comunidad Gallega". No se le prohibía que pasara días de permiso en Galicia puesto que había cumplido casi 20 años en prisión por diferentes condenas relacionadas con el narcotráfico, sin que existan víctimas concretas a las que proteger, como sí ocurre con delitos de terrorismo o violencia de género.

Es decir, que pasara días libres en esta región no conllevaba a priori ningún quebrantamiento de lo dictado por el Juzgado. La investigación policial en la que ha sido detenido revela que presuntamente volvió a introducir alijos de cocaína desde Cambados, su localidad natal, invirtiendo fuertes cantidades de dinero en medidas de contravigilancia.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha ordenado este miércoles su ingreso en prisión, analizó en un auto diversas conversaciones telefónicas que apuntan a que el 'narco' tenía contactos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llegando incluso a controlar los movimientos del helicóptero de Aduanas.

Antes de esta operación, el juez Castro también limitó que disfrutara de los fines de semana en libertad. "Se adoptó un tercer grado lo más restrictivo posible", explican fuentes jurídicas conocedoras del amplio historial de Sito Miñanco, que recuerdan que, por ejemplo en 2011, ya disfrutó de permisos de varios días concedidos por la Sección Primera de la Audiencia Nacional, en contra del criterio del juez de Vigilancia, la Fiscalía e Instituciones Penitenciarias.

UN TRABAJO EN UN PARKING EN ALGECIRAS

El 11 de octubre de 2016, el juez de Vigilancia Penitenciaria acordó concederle un nuevo tercer grado tras el cumplimiento de otra de sus condenadas por narcotráfico. Justificó la medida en la evolución favorable en aplicación del artículo 100.2, atendiendo además a la propuesta favorable de la Junta de Tratamiento del CIS Manuel Montesinos de Algeciras.

En un escrito remitido al juez Castro, el interno mostraba por entonces su "repudio" al narcotráfico y sostenía que había dejado atrás su pasado criminal, y lo demostraba asegurando que tenía un trabajo en un parking en Algeciras y que, además, colaboraba con una ONG de asistencia a enfermos terminales.

Fue entonces cuando el juez José Luis Castro le notificó en un auto que tenía que presentar una oferta laboral "fuera de la Comunidad Gallega", a fin de evitar el contacto "de forma habitual" con familiares de víctimas de las drogas. El interno no recurrió, aceptando aparentemente lo dictado por el Juzgado.

En septiembre de 2017, la Junta de Tratamiento del CIS de Algeciras propuso su libertad condicional, que quedó supeditada por el juez de Vigilancia Penitenciaria a la celebración de un juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que lo había citado el 27 de febrero, por el blanqueo de 10 millones a través de una inmobiliaria. De esta forma se evitó que una posible nueva condena se viera afectada en aplicación de la libertad condicional fijada previamente.

Sito Miñanco fue arrestado de nuevo este lunes en Algeciras por presuntamente dirigir una red que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores de la Policía que desde 2016 seguían su pista en la operación 'Mito'. En el operativo, con de momento 37 detenidos, los agentes se han incautado de 300.000 euros e intervenido varias cuentas bancarias, inmuebles, coches de alta gama, embarcaciones y dos pistolas.