El juez prorroga el secreto de las pesquisas sobre la Policía Local de Palma

En la resolución que ha dictado este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado asevera asimismo que la "nula o muy escasa colaboración que cabe esperar de los mandos de la Policía Local dificultan sobremanera el alzamiento del secreto sin perjudicar con ello, de forma irremediable, esta investigación".

El juez da por expuestos los hechos a los que apunta en sus autos anteriores, en el último de los cuales -el del pasado 29 de febrero- apuntaba a nuevos altos cargos políticos -cuyos nombres evita mencionar- vinculados con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".

El magistrado asevera en su nueva resolución que "no es que se quiera llevar la investigación a espaldas de las defensas", sino que atendiendo a la tipología delictiva, 'modus operandi' de los implicados y a las conexiones que mantienen los mismos con distintas personas, organismos e instituciones, "no se puede investigar eficazmente de otra forma".

En su auto, el instructor afirma además que muchos testigos "no es que tengan miedo, es que están aterrorizados, extremo que se comprueba con constante frecuencia", toda vez que "los investigados y quienes les apoyan siguen perpetrando actos de intimidación y coacción, incluso defendidos por quien fue su comisario y máximo responsable de la Policía Local".

A lo largo de su anterior resolución, el juez detallaba de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados -hasta un total de quince se encuentran en prisión sin fianza-, a quienes se refiere como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".

"No queda otro remedio que destacar la septicemia que invade a una parte de la Policía Local", aseveraba el magistrado, quien recrimina a su vez que, aunque "ningún colectivo está exento de padecer la existencia de personas sin escrúpulos entre sus miembros, lo que resulta absolutamente insólito y a la vez descorazonador es que la cabeza visible de esos agentes", en alusión al hasta ahora comisario jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Morey, "ampare, aplauda y aliente a unos presuntos delincuentes que en sus propias palabras considera ejemplos a seguir".

En concreto, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, añade, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".

"CORRUPCIÓN Y SERVILISMO"

El magistrado incidía en que la actuación de los agentes ha quedado "seriamente en entredicho en varios episodios esperpénticos" que ilustran "el grado de corrupción y servilismo que impregna a toda una institución policial, en la que además los policías honrados que cuestionaban internamente o denunciaban públicamente estas prácticas, han sido perseguidos, vilipendiados, humillados, amenazados, coaccionados, intimidados y tratados de forma desigual".

"En cambio, la actuación delictiva de otros agentes se consentía abierta y descaradamente", relataba Penalva, quien asevera que entre los ejemplos "más ilustrativos de la desidia mostrada por la cúpula policial" destaca el de los efectivos Daniel Montesinos y Miguel Estarellas, que "es el agente que con casi total seguridad, durante más tiempo y de manera más grosera y retorcida ha actuado".

Entre las actuaciones investigadas y que el juez considera reveladoras de la percepción de "absolutamente impunidad" que tienen los agentes, alude al hecho de que numerosos de los policías que han ayudado en las investigaciones han sido falsamente denunciados, además de haber sido objeto de maltrato profesional, acosados de forma sistemática y forzados a abandonar la unidad en la que se encontraban para incorporarse a otros destinos "con los consiguientes perjuicios personales, familiares y económicos" derivados del traslado.

De hecho, uno de los testigos protegidos de la causa manifestó que uno de los agentes imputados, Jaime Garau -representante del sindicato CSIF-, le advirtió de que "tuviera cuidado porque le joderían la vida" si seguía declarando "como lo hacía". Del mismo modo, añade el magistrado, dos de los colaboradores en las pesquisas fueron increpados e insultados por Garau con expresiones como "vosotros, rojos, tenéis que marcharos y salir de aquí". Sus coches aparecieron asimismo un día con dianas pintadas de rojo en el parabrisas.

El instructor subrayaba en el auto del mes de febrero "hasta qué punto los integrantes de esta trama delictiva se creen inmunes a la acción de la justicia", puesto que algunos de ellos, incluso estando en prisión, "persisten en su comportamiento coactivo y amenazador contra cualquier persona, testigo o coimputado que pueda incriminarles".

Y en este contexto, recriminaba la actitud de Antoni Morey -destituido el 22 de febrero por el alcalde de Palma-, al aseverar que "sólo se considera jefe o superior jerárquico de los auténticos policías, es decir, de los investigados y encarcelados, víctimas, como dijo en una publicación, organizada y arbitraria orquestada supuestamente por parte de los investigadores, y también de la Audiencia Provincial de Palma, que sistemáticamente ha venido confirmando todas las resoluciones".

LA EXTORSIÓN Y LAS 'MORDIDAS', EN EL "DECÁLOGO DEL POLICÍA EJEMPLAR"

"En fin, debe de ser que ahora y en el futuro que imagina el señor Morey forma o debe formar parte del Decálogo del Policía Ejemplar la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".

También añadía a estas prácticas el tapizado "forzoso" del mobiliario de los empresarios, la incautación para sí de sustancias estupefacientes, la venta coactiva de seguros, cámaras de vigilancia, aires acondicionados, máquinas expendedoras, la "colocación" intencionada de sustancias estupefacientes en determinados locales para así justificar su inspección y cierre, las palizas a personas vulnerables, el maltrato a las mujeres, y la asfixia económica de los empresarios que hacen la competencia a los locales propiedad de agentes de policía, y que son explotados por sí o a través de terceros interpuestos.