Más protección para las inmigrantes ilegales maltratadas que denuncien

Lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que el reglamento se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo y que ha sido "ampliamente" consensuado con sindicatos y empresarios y ONG.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha recordado que la norma incorpora algunas cuestiones relativas a la trata de personas, que tienen que ver muchas veces con la inmigración irregular y la violencia de género.

Sobre las inmigrantes ilegales que padecen violencia machista, ha señalado que si denuncian no significa que se las expulse, sino que "se para" el expediente, según la norma aprobada, aunque ha matizado que esto ya se viene haciendo en la práctica.

"Algo que venimos practicando ya -ha subrayado-, que las mujeres que sufren violencia de genero y están irregularmente en España no tengan miedo al ir a la comisaria pensando que eso les va a suponer la expulsión".

Aparte, Pérez Rubalcaba ha explicado que el reglamento "alienta" el retorno voluntario, en el sentido de que quien desee volver a su país por quedar en paro "no pierda" los años de trabajo en España, sino que eso "le contabilice a todos los efectos" si regresa y "la economía, como parece, empieza a repuntar y se necesita mano de obra".

"No es justo -ha argumentado- que esa gente que ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que ha estado trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez".

El vicepresidente primero ha comentado que este asunto le ha llamado siempre ha atención y que ha conseguido que el reglamento lo recoja ("lo digo a titulo personal, pero tiene sentido general", ha precisado).

La referencia del Consejo señala que habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías" para las personas que se acojan a los programas de movilidad y retorno voluntario.

Además, ha agregado Pérez Rubalcaba, se pretende ser "más riguroso" con el incumplimiento de la contratación para evitar el fraude de que un empresario traiga a un inmigrante para trabajar tres años y lo despida al siguiente.

El reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.

Pérez Rubalcaba ha inscrito la norma en la política general del Gobierno sobre inmigración: relación directa con el empleo; lucha contra la de tipo irregular y "procurar la integración" de los que vienen a España con los derechos y deberes y valores inherentes a la Constitución.

La referencia del Consejo añade que el texto normativo facilita también la colaboración entre administraciones y fortalece la cohesión social ante los "retos del nuevo ciclo migratorio".