Torra mantiene su desafío a la Junta Electoral Central: se arriesga a la inhabilitación y a hasta un año de cárcel

Quim Torra desafía a la Junta Electoral Central. El president ha decidido mantener los lazos amarillos y las esteladas en los edificios dependientes de la Generalitat, desoyendo así la orden de retirarlos. Así lo ha anunciado Elsa Artadi en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aunque el único al que había requerido la Junta Electoral Central era a Torra, éste ha dejado en manos de los consejeros la decisión de retirar lazos de las sedes de sus respectivas consejerías. Tal y como ha afirmado Artadi, todos apoyan al presidente.

Torra ha pedido al Defensor del Pueblo de Cataluña, al Sindic de Greuges, que le aconseje sobre lo que debe hacer, al tiempo en que ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central en el que solicita que anule el plazo para la retirada de los lazos y las esteladas, alegando que precisa aclaraciones ante distintos cambios entre el acuerdo inicial del 11 de marzo de 2019 y el último emitido por la JEC, el 18 de marzo, señalando que es “sustancialmente diferente a lo que acordó”. Algo que no ha servido de nada, pues la Junta ya ha contestado defendiendo que un acuerdo y otro son idénticos y “no ha lugar a suspender el plazo concedido, que deberá observarse con exactitud”.

Así las cosas, la desobediencia podría estar servida, y la vía penal también: ya sea por el camino abierto por PP y Ciudadanos, y ya veremos si por el de la Junta Electoral. Esa vereda podría llevar directamente a un año de cárcel y a la inhabilitación. En paralelo, la Junta puede abrir un expediente con hasta 3.000 euros de multa. Torra tiene 2 meses para recurrir ante el Supremo. Entre tanto Pablo Casado y Albert Rivera apelan directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PP exige a Sánchez que ponga "todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad". Por su parte, el líder de la formación naranja añade que las delegaciones "y el Gobierno de España deben hacer cumplir la ley". Entre tanto, el Ejecutivo lo deja en manos de la Junta. "No hace falta ir a la Fiscalía. La ejecución hay que hacerla", asegura José Luis Ábalos, ministro de Fomento. La Junta se reúne de nuevo este jueves.

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