Un exalto cargo recurre por "desorbitada" la fianza civil de 8,8 millones impuesta por la juez del caso ERE

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Antonio Estepa señala que "la posibilidad de que en su día pudiera dictarse una sentencia en esta causa que condenase a mi representado y que además le impusiera una responsabilidad civil de tan elevada cuantía se puede calificar como remota, dada la presencia absolutamente tangencial, cuando no inexistente", del imputado en relación a los hechos.

A ello se suma que, en el presente caso, "no existe riesgo alguno de que pueda devenir insolvente y, en consecuencia, pueda dejar de satisfacer las responsabilidades pecuniarias que en su día pudiesen acordarse en sentencia".

De este modo, señala que Estepa es inspector de Hacienda y, como funcionario público, los ingresos que percibe "son de fácil acreditación y persecución", precisando que su patrimonio se integra por una vivienda de 90 metros cuadrados en Sevilla sobre la que pesa una hipoteca de 220.000 euros, el 50 por ciento de un apartamento en Zahara de los Atunes (Cádiz), un coche y una motocicleta.

La constancia de estos bienes en registros públicos "hace inviable su ocultación y, en consecuencia, innecesario su aseguramiento mediante una medida cautelar tan importante como la adoptada", añadiendo que, en el auto, la juez "no refiere circunstancia alguna que aconseje la rápida puesta en marcha de una medida cautelar como la que se interesa para evitar un riesgo de insolvencia no concretado".

"EXCESO INJUSTIFICADO"

Por todo ello, "es claro que la fianza impuesta resulta desorbitada y vulnera el principio de proporcionalidad, hasta el punto de que su cuantificación carece por completo de sustento en la realidad de los hechos objeto de la investigación en lo que a mi representado se refiere", por lo que pide a la Audiencia que deje sin efecto la fianza impuesta a Estepa.

De igual modo, el letrado asevera que la juez impuso dicha fianza civil sin solicitud de parte, pues ninguna acusación la pidió, por lo que "imponer dicha medida pese a que los legitimados para el ejercicio de la acción civil, personados y presentes, no la solicitaron, supone un exceso injustificado".

Estepa "no ha cometido ninguna infracción penal", sostiene el abogado, aseverando que "una tesis que aprecie la existencia de indicios de criminalidad por delitos de prevaricación o malversación de la que pudiera ser responsable penalmente" el exalto cargo "parte de una concepción errónea del ámbito de funciones que en su condición de secretario general de Hacienda le correspondía".

Sobre el delito de malversación, añade que "es insostenible la idea de que podría haber cometido" dicho delito en la vertiente de consentir la sustracción de caudales públicos, todo ello "habida cuenta que no tenía caudales o efectos públicos a su cargo por causa de sus funciones, ni competencias de intervención o control que le situasen en posición de conocer y, en consecuencia, de permitir u oponerse a la forma en que se tramitaba el procedimiento de concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo".

"No hay posibilidad material de que cometiera" este delito, señala el abogado del exalto cargo, añadiendo, en relación a la prevaricación que le imputa la juez, que "ninguna resolución dictó ni pudo dictar en el ámbito de los hechos objeto de investigación, ya que carecía de competencia para ello y, en consecuencia, no hay acto administrativo del que se pueda predicar su acierto o corrección o, por el contrario, su arbitrariedad".