Un nuevo recurso de la Infanta pide retirar la "injustificada y desproporcionada" fianza

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva sostienen que no procede "la adopción de medida cautelar alguna" y, por tanto, tampoco el pago de una fianza, ya que ni el fiscal anticorrupción del caso --Pedro Horrach-- ni la acusación particular en el caso Nóos --la abogacía del Estado-- pidieron llevar a la Infanta a juicio, y creen que la acusación popular --Manos Limpias-- no tiene legitimidad para hacerlo.

Pero, en todo caso, defienden que la fianza debería limitarse "a la probable responsabilidad civil y a las costas procesales pero no a garantizar las posibles penas de multa".

Lo sostienen en un recurso contra "determinados pronunciamientos" del auto de apertura del juicio oral y que han presentado pese a que no cabía recurso alguno, ya que creen que están legitimados porque el juez incluyó en el mismo resoluciones que tendría que haber resuelto previamente y contra las que consideran que sí pueden apelar.

Por ejemplo, "la cuestión de la legitimación para solicitar la apertura de juicio oral por un delito contra la hacienda pública debería haberse resuelto en una resolución previa independiente".

"Lo contrario, como aquí ocurre, lesiona gravemente el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías que asiste a mi defendida", sostiene el escrito.

Creen que Castro aprovechó la imposibilidad de recurrir el auto para introducir en él las cuestiones relativas a las fianzas y "de esta manera vedar la posibilidad de recurso", lo que sostienen que vulnera el derecho de defensa de la Infanta.

'Pena de banquillo'

Los abogados también consideran que la 'pena de banquillo' que conlleva la apertura de juicio oral afecta de modo desigual a los acusados y, en el caso de la Infanta "tiene unos efectos, como es público y notorio, probablemente inigualables en el ámbito nacional".

En definitiva el escrito pide al juez dejar sin efecto la fianza impuesta por "falta de fundamento y desproporción" y declarar que Manos Limpias carece de legitimidad para formular acusación por los delitos contra la hacienda pública, por lo que insisten en pedir el sobreseimiento de la causa contra Cristina de Borbón.