La Guardia Civil registra varios ayuntamientos de Girona por el fraude en la empresa de aguas

La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y está vinculada a la causa que trata de concretar si hubo sobrecoste en la gestión publica del agua en Girona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y fuentes del Instituto Armado, han acudido a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt para notificar tres requerimientos de documentación.

Fuentes del Ayuntamiento de Girona han indicado a Europa Press que los agentes de la Guardia Civil han llegado al consistorio a las 9.10 y una hora después seguían en presentes en varios despachos.

Lo hacen en virtud de una investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Girona relacionada con la gestión de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

La primera fase de esta operación tuvo lugar el 19 de septiembre de 2017 con una quincena de entradas y registros en domicilios particulares y despachos realizados por la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Girona, que investiga la causa desde julio de 2016, a raíz de una denuncia de la CUP.

Las empresas investigadas son la municipal Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa), Girona SA y Prodaisa, en una causa abierta por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de fondos públicos.

Entonces se practicaron registros en los domicilios del consejero delegado de Agissa, Narcís Piferrer, y de su sucesor y director técnico de Agissa cuando se produjeron los supuestos desvíos, Xavier Ballell.

La Guardia Civil también entró en el domicilio del empresario y consejero de Agissa Joan de Llobet --todos ellos están siendo investigados-- y se practicó una entrada en el despacho de abogados Sibilis.

Dentro de la operación, que fue bautizada como Aquarium, los agentes acudieron al Ayuntamiento de Girona para reclamar diversa documentación sobre la gestión y la adjudicación del suministro de agua, como auditorías y actas de pleno.

DENUNCIA DE LA CUP

La causa parte de una denuncia que la CUP presentó contra Piferrer, responsable de Girona SA --que gestionaba el agua en la ciudad desde 1976--, por un presunto delito de apropiación indebida, al percibir irregularidades en la gestión de Agissa, una empresa creada en 1993 con capital mixto: un 80% es privado, de Girona SA., y el 20% público --Girona, Salt y Sarrià de Ter--.

A partir de esta denuncia de la CUP, y tras una querella de la Fiscalía de Girona, el juez abrió una investigación a Piferrer por administración desleal, y luego también a Ballell.

Un informe de la Agencia Tributaria --en principio elaborado para el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3%, y que éste remitió al de Girona-- aportó nuevas pruebas de supuestas irregularidades y Anticorrupción se hizo cargo de la investigación.

Según fuentes de la investigación, las presuntas irregularidades se prolongaron durante más de una década, abarcando las Alcaldías de Girona de Joaquim Nadal, Anna Pagans y de Carles Puigdemont.