El juez cita al representante del PP para requerirle la fianza civil de 1,2 millones de euros por la 'caja B'

El Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado una diligencia en la que asegura que las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil han resultado "aseguradas parcialmente" y recuerda que fueron solicitadas a los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez. Impuso a los dos primeros sendas cauciones de 8,9 millones, mientras que Páez debía cubrir una de 7,4 millones.

"No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral", explica la diligencia de ordenación.

El auto de apertura de juicio oral, al que ahora se remite De la Mata, dio al PP díez días para responder por la caución de 1,2 millones de euros, con el apercibimiento de que si no se embargarán sus bienes.Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.

Según el instructor, la formación presidida por Mariano Rajoy "habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", al "alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".

Además, entendió que la formación 'popular' era responsable civil subsidiaria del delito de fraude fiscal que se cometió en relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, en el que la empresa Unifica no declaró 1.024.987 euros que cobró en negro por las obras de remodelación de la sede central de los 'populares', en Génova, 13.

APERTURA DE JUICIO ORAL

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Así lo reflejó en el auto en el que abrió hace un año juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede nacional del PP Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero.

Consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.