El responsable de Acuamed sale de la cárcel tras presentar un aval bancario para cubrir la fianza de 300.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado la puesta en libertad del ex director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, tras haber presentado un aval bancario para cubrir la fianza de 300.000 euros impuesta para salir de la cárcel de Aranjuez en la que ingresó el pasado enero, según informaron fuentes jurídicas.

Velasco ha librado este mandamiento al centro penitenciario después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rebajara a la mitad la caución de 600.000 euros acordada por el juez para Arcadio Mateo, el único de los investigados en la denominada 'operación Frontino' que permanecía en prisión en el marco de la causa en la que se investigan las irregularidades y los sobornos que rodearon las adjudicaciones públicas de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura.

Arcadio Mateo pidió eliminar la fianza o reducirla a los 50.000 euros para recuperar la libertad, al tiempo que puso de relieve su arraigo en España, donde es un "profesional de prestigio" y se encuentran su familia y sus bienes, careciendo de intereses económicos en el extranjero.

Sin embargo, los magistrados han rechazado eliminarla por completo al haber indicios de que maneja dinero "al margen del circuito legal" y haberse encontrado 120.000 euros escondidos en un libro de su domicilio.

VEHÍCULOS DE ALTA GAMA

Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel responden en su auto que los "sólidos vínculos personales, sociales y laborales" no eliminan el riesgo de fuga dado el "panorama penal" al que se enfrenta por los delitos de gravedad que se están investigando en la causa sobre las adjudicaciones públicas concedidas por Acuamed.

A su juicio, la cantidad de 50.000 euros resulta "de todo punto ínfima" y existen además unos "hitos" aludidos por la Fiscalía "dignos de reproducir". "Existen unos negocios operativos alrededor del investigado, en su círculo más íntimo, además de haber respondido como fiador en un arrendamiento financiero de tres vehículos de alta gama", argumentan.

Dicho esto, los jueces ponen de relieve los indicios de que Mateo "maneja dinero al margen del circuito legal", como denota el hallazgo de 120.000 euros encontrados en un "lugar insólito", un libro de su domicilio. En todo caso, consideran suficiente la cuantía de 300.000 euros para eludir la prisión al no constar que disponga de otros bienes distintos a los localizados en la instrucción.

OPERACIÓN FRONTINO

El instructor imputó el pasado enero a los trece detenidos en la 'operación Frontino' la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.

Entre los investigados, también se encuentran la ingeniera Gabriela Mañueco; el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.

La operación 'Frontino' se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).

Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).

CONTRATOS INVESTIGADOS

El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.