El resultado de las elecciones aumentan el riesgo de guerra civil en Costa de Marfil

Según dijo hoy a los periodistas el presidente del Consejo Constitucional, Paul Yao N'Dré, Gbagbo habría obtenido un 51,5 por ciento de los votos y Ouattara un 48,5, mientras que ayer la CEI señaló que Ouattara tenía el 54 por ciento y Gbagbo el 46 por ciento.

Esta misma tarde, en una conferencia de prensa, la Agrupación de Hufuetistas para la Democracia y el Desarrollo (RHDP), coalición de cuatro partidos que ha apoyado a Ouattara en las elecciones, afirmó que rechazaría todo intento de anular los resultados que le daban como ganador.

En la comparecencia, Amadou Gon y Ahoussou Jeannot, jefes de campaña de Ouattara, advirtieron que existe el riesgo de que se "reanude la guerra civil", que dividió el país entre 2002 y 2007, si los seguidores de Gbabgbo se empeñan en "confiscar el poder" y proclamarle vencedor.

Señalaron, asimismo, que en el norte, la zona donde domina Ouattara, la elección "se desarrollo de forma regular y democrática" y acusaron a los seguidores de Gbagbo de haber atacado a sus correligionarios e incluso de haberlos "asesinado".

Aliado político y familiar de Gbabgbo, N'Dré se negó a aceptar los resultados de la CEI, atendió las impugnaciones del Frente Popular Marfileño (FPI) del gobernante y anuló los resultados en siete circunscripciones del norte, donde Ouattara tenía amplia mayoría, lo que dio la vuelta al resultado y agravó la situación.

N'Dré aseguró el jueves que los resultados anunciados por la CEI eran "nulos", debido a que se publicaron fuera de plazo y, efectivamente, un miembro del FPI impidió a la CEI el martes, dentro del plazo, anunciar los resultados, al arrancar los papeles que tenía en la mano al portavoz del organismo y romperlos.

Mientras tanto, los militares mantienen desde ayer cerradas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, además de que el Consejo Nacional de Comunicaciones ha prohibido la difusión de las emisiones de radio y televisión extranjeras y los ciudadanos están sometidos a un toque de queda decretado por el Gobierno.

Hoy, mientras se esperaba la comunicación del Consejo Constitucional, la vida en Abiyán, cuyas calles desde el lunes estaban casi desiertas, se recuperó en cierta medida y aumentó el movimiento y muchas tiendas y oficinas reabrieron sus puertas.

Sin embargo, en Abobo, un populoso barrio del norte de Abiyán donde Ouattara tiene un gran apoyo, la tensión fue más palpable y se podía observar un gran despliegue de policías y gendarmes.

Ya antes de la publicación de los resultados, hombres armados atacaron en la madrugada del jueves una sede de la Reagrupación de los Republicanos (RDR), el partido de Ouattara, mataron al menos a ocho personas e hirieron a unas cuarenta.

Todos estos factores han hecho crecer la incertidumbre y el temor a una confrontación civil, ya que el Ejército ha demostrado su lealtad a Gbagbo y controla el sur del país, mientras el norte está en poder de la milicia de las Fuerzas Nuevas, partidarias de Ouattara, que no se desarmó tras la guerra.

Un contingente de unos 8.000 soldados de la Misión de Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) mantiene la paz en el país y sirve de barrera para evitar confrontaciones entre los militares y las Fuerzas Nuevas.

Gbagbo fue elegido presidente en 2000 para cinco años y se ha mantenido otros cinco en el poder al retrasar la convocatoria de comicios por la guerra civil, de 2002 a 2007, que dividió al país.

Estos comicios fueron recibidos por los marfileños con la esperanza de acabar con la crisis política y poder afrontar los problemas económicos del país, pero los observadores locales temen que el resultado pueda provocar un nuevo conflicto.

El secretario general de ONU, el Consejo de Seguridad del organismo, la Corte Penal Internacional, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países ha pedido contención a las partes, reclamado respeto a los resultados electorales y amenazado con sanciones a quienes provoquen situaciones de violencia.

Hoy, la Unión Africana ha pedido a las partes "compromiso con la democracia y respeto a los Derechos Humanos", para evitar "una crisis de consecuencias incalculables para el país".