El secreto sumarial sólo podrá ser prorrogado por un juez o jueces distintos al que lleve la instrucción penal

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)limitará a un mes la duración del secreto sumarial que puede decretar el juez instructor mientras que las posteriores prórrogas que puedan necesitarse tendrán que ser autorizadas, mes a mes, por otra autoridad judicial diferente.

Así lo ha adelantado este martes en Santander el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien, durante la inauguración del curso de la UIMP 'La presunción de inocencia y los juicios paralelos' ha explicado que, de esta forma, tras el mes del secreto sumarial que pueda establecer el instructor otro órgano judicial deberá valorar la necesidad de una nueva prórroga de otro mes más, y así sucesivamente.

Según ha señalado, en estos momentos, se está estudiando si deberá de ser otro "órgano unipersonal" o si, "a lo mejor", esta tarea deberá correr a cargo de un "órgano colegiado" el que aporte esa "nueva mirada" que justifique y autorice la prorroga. "Cada nuevo mes que se tenga que prorrogar se tendrá que utilizar esa nueva mirada y no se convertirá en rutina", ha remarcado Ruiz-Gallardón.

Ruiz-Gallardón ha aclarado que no sólo se permitirá una prórroga sino "las que sean necesarias" pero ha señalado que lo que se pretende es que esa ampliación del plazo del secreto sumarial no se convierta --como, a su juicio, "ocurre ahora"-- en un "hecho casi rutinario", sino que se necesite una "intervención externa".

EL "NUEVO PAPEL" DEL MINISTERIO FISCAL

Además, el ministro ha dado unas "pinceladas" de otros aspectos de la reforma que, entre otros puntos, establece que la decisión de adoptar medidas que limiten los derechos fundamentales en un procedimiento judicial, como las escuchas telefónicas, la vulneración del secreto de la correspondencia o de su actividad o la privación de libertad, entre otras, corresponde de forma "exclusiva" al juez instructor y no al Ministerio Fiscal, que, sin embargo, podrá proponer dichas medidas, pero no adoptarlas.

Sin embargo, Ruiz-Gallardón ha señalado que el Ministerio Fiscal tendrá un nuevo papel "mucho más protagonista" que constituye, según ha dicho, el "meollo" de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El responsable de Justicia ha revelado que el Ministerio Fiscal ejercerá un nuevo papel en la dirección de las investigaciones en la instrucción que se realicen a través de la Policía Judicial, algo que, según ha reconocido, obligará a una "variación sustancial" en el número de la plantilla para dar respuesta a esta tarea que ahora recae en los jueces de instrucción.

Sin embargo, ha señalado que las circunstancias económicas hacen que responder a este incremento ya sea "imposible" y "llevará un tiempo" pues "no se trata de unas cuantas plazas" sino de un "número muy importante".

Por ello, ha explicado que, aunque la nueva LeCrim establecerá "el modelo definitivo" de la instrucción, incluirá unas "medidas transitorias" que funcionarán hasta que se pueda llegar a la dotación material y de recursos humanos que hagan la nueva norma "totalmente aplicable". Mientras, se mantendrá en parte la situación actual para que no haya "un vacío" en la forma de instrucción.

SIN "REPROCHE PENAL" PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por otra parte, el ministro ha avanzado también que su Ministerio "no tiene intención" de que se incluye "reproche penal" para los medios de comunicación que publiquen un secreto de sumario que les ha sido filtrado sino que éste será para aquel funcionario o miembro de la Administración de Justicia que lo desvele a pesar de estar obligado a mantener silencio.

A su juicio, ese reproche "tiene que centrarse", no en el medio que difunde una información del sumario que le ha sido revelada, sino en aquella autoridad judicial, Ministerio Fiscal o funcionario judicial que, teniendo la obligación de preservar el secreto, la "viola" y lo desvela.

"TENSIONES" ENTRE DERECHOS

Según ha señalado, en el mundo actual ya no existe el papel "excluyente" de los medios de comunicación como interlocutor entre el que le facilita una información y la sociedad, sino que, en ocasiones, la relación entre estos dos últimos es directa, sobre todo con Internet. Por este motivo, ha considerado que "cargar el reproche" sobre el medio de comunicación tendría la "mínima eficacia".

En su intervención, Ruiz-Gallardón ha indicado que en una sociedad "compleja" como la actual es "normal" que haya "tensiones" entre derechos fundamentales, como, por ejemplo, ocurre con el derecho de un imputado en una causa judicial a la presunción de inocencia y a un juicio justo que colisiona, en ocasiones, con el del derecho a la información de los medios de comunicación.

Aunque ha reconocido que la publicación en los medios de comunicación de datos del sumario realizado en fase de instrucción puede "condicionar" al juzgador, sobre todo en el caso del jurado, el ministro se ha mostrado a favor de que no exista una normativa "limitadora" de estos derechos, ni de uno, ni del otro.

A la inauguración de este curso, que analiza la presunción de inocencia y los juicios paralelos y en el que participan abogados, jueces, fiscales y periodistas, han asistido el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez; el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Emilio Lamo de Espinosa, y el presidente de la Fundación Fernando Pombo, Joaquín García Romanillos, quienes han subrayado la "actualidad" del tema elegido.

En su intervención, Lamo ha defendido la presunción de inocencia pues, a su juicio, su existencia es el "test de una sociedad libre" y ha advertido de que existe una "justicia primitiva" de "linchamiento", "sacrificio" y "venganza" del culpable "acechando" detrás de la "verdadera justicia penal" para "pervertirla".

Por su parte, García Romanillos ha resaltado la "angustia" que viven algunos imputados en causas judiciales cuando se ven condenados por los medios de comunicación antes de que se inicie el juicio.

Aunque ha reconocido ser "consciente" del papel de los medios de comunicación y de que una justicia sin publicidad "no es tal", el presidente de la Fundación Fernando Pombo ha subrayado que los "únicos" que pueden juzgar son los jueces.