Visto para sentencia el juicio, después de que los acusados renuncien a su última palabra

El fiscal, Carlos Bautista, solicita que el exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros sean condenados a un año y medio de cárcel y dos, respectivamente, por un delito de revelación de secretos aunque al mismo tiempo ofrece la alternativa de cinco años por colaboración con organización terrorista.

Durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, Bautista mantuvo que no se puede descartar que "haya otras personas que no sabemos" que participaran en el chivatazo y confió en que, al igual que en el caso de los GAL, algún coimputado acabe hablando para poder "ir más arriba".

Las acusaciones populares también han destacado el "móvil político" de la filtración. La pena más alta la solicita la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que reclama diez años de cárcel para Pamies y nueve para Ballesteros; mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pide ocho y medio para el exjefe superior y ocho para el inspector; y el Partido Popular (PP) ocho años y medio y siete años y medio, respectivamente. Las defensas, por su parte, reclaman la libre absolución de sus representados.

VISTO PARA SENTENCIA

Después de que los dos acusados hayan renunciado a hacer uso del turno de última palabra, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha dejado el juicio visto para sentencia tras cinco días de sesiones. Las deliberaciones correrán a cargo de este magistrado, presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, y sus compañeros Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz-Delgado.

En la primera jornada de la vista oral, Pamies aseguró que en su "vida" ha hablado por teléfono con el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, y que nunca habría aceptado "una orden política" para interrumpir una operación policial. Ballesteros respaldó su versión y negó haber acudido al establecimiento para facilitarle el móvil.

Ambos sostienen que el inspector preparaba una reunión con un confidente etarra apodado 'Romano', quien confirmó en la sala de vistas que se había desplazado desde Italia para mantener una cita con el responsable policial, al que conocía con el alias de 'Carlos'.

Frente a esta tesis, el jefe de la investigación, Carlos Germán, aseguró que el chivatazo tuvo "un móvil político" y que los jueces que dirigían la investigación, Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, fueron "vilmente engañados". "Es la primera vez que me pasa, no encontramos ni una sola pegatina de ETA ni del Movimiento de Liberacional Nacional Vasco (MLNV), sólo una botella de vino con una pegatina del general Franco para más inri", declaró.

UNA TREINTENA DE TESTIGOS

También desfilaron ante el tribunal una treintena de testigos policiales que han avalado las versiones de Pamies o las de Germán. El excomisario jefe de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, Manuel Risco, reveló que en la mañana en la que se produjo el chivatazo a ETA se produjo "una ficción de servicio", puesto que el pago del dinero procedente del 'impuesto revolucionario' y que desembocaría en el operativo contra la red de extorsión estaba previsto para un día después.

El que fuera jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas, ratificó que Germán intentó destruir pruebas clave para las pesquisas, mientras que la agente señalada como la persona que avisó a Pamies de la operación contra ETA, Teresa H., dijo que conoció la intervención "a posteriori".

Los miembros del equipo investigador, por su parte, respaldaron la actuación de Germán y señalaron que no esperaban una filtración en una "operación tan importante".

Además, los expertos en Criminalística de la Guardia Civil testificaron que, según "la doctrina policial al uso", los confidentes "son siempre de los cuerpos y nunca de las personas", en contra de lo dicho por Pamies, que justificó que tuviera que acudir solo al encuentro con 'Romano'. "Con un confidente, tú te lo guisas y tú te lo comes", aseguró.