Unos 300 sindicalistas se manifiestan en Palma contra la reforma constitucional y exigen un referéndum el 20-N

Alrededor de 300 afiliados sindicales se han manifestado este miércoles delante de la Delegación de Gobierno, en Palma, en contra de la reforma constitucional que pretenden llevar a cabo el PP y el PSOE y han exigido la colocación de una tercera urna el día de las elecciones generales, el 20 de noviembre, para que la población ratifique la modificación de la Carta Magna.

Durante la protesta, los secretarios generales en las Baleares de los sindicatos CCOO, UGT, USO y STEI han entregado al delegado de Gobierno, Ramon Socías, un manifiesto en el que las organizaciones exponen su rechazo a los cambios que propone el Gobierno central.

En este sentido, la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, ha calificado la reforma de "injusta e innecesaria porque no creemos que las formas ni el fondo sean las más adecuadas. Los mercados no se van a calmar y es el motivo principal de la reforma", ha criticado. La líder de CCOO en Baleares ha pedido que "sean los españoles los que el 20 de noviembre decidan si quieren un techo de déficit y de deuda pública en nuestra Carta Magna".

En el manifiesto entregado a Socías, los sindicatos señalan la reforma como "una grave limitación de la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas".

Por su parte, el secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, ha expresado su indignación cuando ha espetado que "ya nos ha estado jodiendo Zapatero y ahora se unen los dos partidos mayoritarios para acabar de jodernos a todos". Además, Bravo ha lamentado que "no ha habido ni una sola medida para los que ha provocado la crisis" y ha animado a la población a llevar a cabo "una huelga general en toda Europa".

Asimismo, los secretarios generales de USO y del STEI, David Díaz y Biel Caldentey, han criticado la reforma tachándola de "desacertada" y de obedecer a "los dictados del Banco Central Europeo (BCE)". De esta manera, consideran que la reforma aportará una salida a la crisis "falsa" y han recordado que "ni PP ni PSOE tienen legitimidad moral para llevar a cabo tal reforma".