El juez solicita a la Fiscalía la apertura de juicio oral contra Cursach y Carbonell

En un escrito de 55 páginas, el juez que sustituyó a Manuel Penalva en la instrucción del caso, tras su recusación, plantea que pueda haber indicios de delitos continuados de cohecho, pertenencia a organización criminal, trafico de influencias, uso información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, delito contra la salud publica y coacciones.

Entre los 23 acusados, se encuentran, además, el director general del Grupo Cursach, Bartolmé Sbert, el director de Tito's, Jaime Lladó, el ex comisario de la Policía Local, Juan Mut, entre otros.

Tras el juicio por la presunta tenencia ilícita de una carabina, este será el primer gran juicio del empresario. En el escrito, se establece que Cursach habría recibido trato de favor tanto de agentes de la Policía Local, como de funcionarios del Ayuntamiento y de otras instituciones que desarrollan funciones inspectoras.

El juez considera que se habrían creado "claras conexiones directas" entre intereses económico empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones falseadas, etcétera), en perjuicio de "las exigencias de la ley, de la lucha contra la corrupción, de la Justicia, la libertad de mercado, y de la igualdad".

Además, el juez señala que "la realidad de estas prácticas", como también se decía en el auto de prisión de marzo de 2017, "se remonta a la década de los años 80/90, tal y como demuestra el informe emitido por un agente de la Policía Local".

Respecto a Carbonell, como ya se había dado a conocer durante la instrucción, el instructor cree que habría acelerado la tramitación de un expediente para legalizar las instalaciones del Megapark y algunas de las instalaciones de BCM.