El juicio por la venta de suelos de Mercasevilla se celebrará el próximo otoño y durará dos meses

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gulema, mantuvo recientemente una reunión con los abogados de las acusaciones y de las defensas a fin de cuadrar calendarios y acordar la fecha en la que se podría celebrar la vista oral.

Así, inicialmente se acordó que el juicio se celebre durante los próximos meses de octubre y noviembre, concretamente de martes a jueves en horario de mañana. De este modo, no habría juicio ni los lunes ni los viernes.

La jueza, que llegó a este órgano judicial el 14 de abril de 2014, está señalando actualmente los juicios "a dos años vista", aunque para realizar los señalamientos se tiene en cuenta la fecha de antigüedad de los hechos en cuestión. En concreto, y en el caso de los suelos de Mercasevilla, cabe recordar que fue el 23 de febrero de 2006 cuando se suscribió el contrato de opción de compra.

POSIBLE REFUERZO

Asimismo, tanto el Decanato como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estudiarán en su momento si es posible nombrar un juez de adscripción territorial (JAT) para que refuerce al Juzgado durante la celebración del juicio, lo que dependerá de la disponibilidad de JAT en la fecha en que se enjuicien los hechos.

La jueza María Núñez Bolaños remitió la causa al Decanato en noviembre de 2015 para su enjuiciamiento después de que, en abril, la entonces titular del Juzgado, Mercedes Alaya, abriera juicio oral contra un total de diez personas, entre ellas Torrijos, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, el exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, o el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

Asimismo, abrió juicio oral contra la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.

La instructora atribuye a todos ellos un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación.

La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales "se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo" entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".

Sobre el delito de prevaricación, la jueza indica que se habría producido porque, "a sabiendas", los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público".

"OFERTAS DE RELLENO"

Es decir, dicha preparación se llevaría a cabo "desde la elaboración del pliego con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 8 de noviembre de 2005 --donde el pliego se explica con detalle--, como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".

De igual modo, la jueza abrió juicio oral contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por un delito societario --los dos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus--, ya que "los anteriores cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad".

La juez, que impuso a los acusados una fianza solidaria de 33.250.000 euros luego anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla, archivó la causa contra los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y el arquitecto Alberto Balbontín Abad. Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados.