Un juez suspende el cierre temporal de una discoteca de Cornellá (Barcelona) para salvar 25 empleos

Se trata de una resolución pionera ya que, en su decisión, el juez tiene en cuenta el contexto económico a la hora de decidir la medida cautelar: "En situaciones de crisis económica coyuntural no puede permitirse que, por una resolución de la Alcaldía, se deje a aquellas personas sin posibilidades de acceso a un empleo", alega en el auto.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades Recreativas Musicales (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha valorado muy positivamente la resolución al considerar que trata a los empresarios del ocio nocturno como "empresarios de verdad" y los equipara a otros sectores.

Según Boadas, el cierre del local habría provocado un "daño irreparable" a la discoteca porque no se podría haber sostenido durante cuatro meses, por lo que el local habría salido del mercado, los empleados habrían buscado nuevos trabajos y la clientela se habría perdido.

Y es que la interlocutoria del juez también tiene en cuenta el perjuicio que supone para la discoteca y las empresas que dependen de ésta, ya que si cierra temporalmente deja de generar consumo y afecta a puestos de trabajo indirectos.

No obstante, ha dictaminado que la discoteca pague la multa de 7.000 euros impuesta por el consistorio "para garantizar la indemnización de los eventuales perjuicios que pudieran producirse sobre los intereses públicos inherentes a la impugnada actuación del Ayuntamiento".

El Ayuntamiento decidió cerrar el local temporalmente porque superaba en 200 personas el aforo permitido en la licencia --es de 96--, si bien un informe aportado por la Fecasarm aducía que podía albergar hasta 600 y 800 usuarios.

Por ello, han pedido a la Generalitat que revisen el límite de aforo de los locales catalanes puesto que, mientras en el metro se quintuplica "y no pasa nada", las discotecas tienen un límite por debajo de su capacidad real, según Boadas.

También dialogarán con la Consejería de Interior para que la nueva ley de espectáculos establezca en 15 días máximo el tiempo de cierre cautelar de un local --ahora puede ser de hasta 18 meses-- porque lo consideran "totalmente desorbitado".