¿Qué es el pacto antiyihadista?

1. Reforma del Código Penal: El acuerdo contemplaba modificar el Código Penal en los delitos relacionados con terrorismo. La premisa era que las leyes que sirvieron para derrotar a ETA se quedaban desfasadas para combatir un terrorismo nuevo y diferente como el yihadista. Por ello se impulsó este cambio, que fue aprobado el 26 de marzo en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP, el PSOE y los grupos minoritarios Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

Se introducía una nueva tipificación de terrorismo en la que no es necesario pertenecer orgánicamente a una banda armada para ser acusado por este delito (medida contra los 'lobos solitarios'). También se regulaba la figura del adoctrinamiento pasivo ante los numerosos casos de personas que se han radicalizado ante el ordenador de su casa consumiendo páginas webs yihadistas.

No obstante, para condenar por adoctrinamiento pasivo (penado con entre dos y cinco años de cárcel) es necesario demostrar un deseo de integrarse en una banda terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. Es decir, periodistas, analistas, y fuerzas de seguridad pueden consultar estos contenidos sin temor a ser acusados. También se castiga con penas de entre dos y cinco años a quienes se desplacen a lugares en conflicto como Siria o Irak con la intención de integrarse en una banda tarrorista.

Por enaltecer el terrorismo, la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante que el enaltecimiento se realice en Internet o las redes sociales. Además el juez podrá acordar la destrucción de archivos informáticos. La reforma también recoge la prohibición para que los condenadas por terrorismo puedan ejercer como profesores. Todas estas medidas llevan en vigor desde el 1 de julio.

2. "La máxima pena" para el asesinato terrorista: Este fue uno de los puntos más conflictivos y estuvo cerca de dar al traste con el pacto ya que el PSOE se opone a la prisión permanente revisable introducida por el PP en su reforma de Código Penal, la máxima pena actualmente. Finalmente, la redacción de la Ley remite a la prisión permanente revisable en los casos de asesinato, aunque como pidieron los socialistas, desaparece del texto la mención expresa de esta figura.

De este modo, en el apartado relativo de la clasificación de penas por delitos terroristas se castiga "con la prisión por el tiempo máximo previsto en este Código Penal si se causara la muerte de una persona". Esto permite a los socialistas poder derogar la prisión permanente revisable en caso de llegar a gobernar sin necesidad de modificar el pacto antiyihadista.

3. Reforzar a las Fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales: Para ello el pacto pedía "impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico". En virtud de este acuerdo antiyihadista, el próximo 7 de diciembre entrará en vigor otra batería de medidas ya aprobadas en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre ellas destaca una ampliación del campo de acción de los agentes encubiertos informáticos que podrán, a partir de ahora, usar identidades falsas en las redes sociales, incluyendo los chats, vía principal de encuentro y radicalización de los islamistas radicales. La nueva norma introduce, además, medidas de investigación tecnológica adaptadas a la actualidad y amplía la interceptación de comunicaciones que afectará a WhatsApp, SMS y escuchas ambientales. Deberán siempre contar con la autorización del juez.

4. Honrar a las víctimas: El pacto suscrito por PP y PSOE incluye "honrar con la dignidad debida su memoria" y el "apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas".

5. Recursos humanos y materiales: Este punto establece dotar a la administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia de los medios necesarios para luchar contra el yihadismo. El Gobierno ha aprobado este año una partida de 10 millones de euros para incrementar el material y el personal de la lucha antiterrorista, incluidos hackers informáticos.

6. Combatir la radicalización: Con este fin, el Consejo de Ministros aprobó un plan para luchar contra la radicalización violenta en la que el Ejecutivo se compromete a plantar batalla al relato yihadista difundiendo una contranarrativa a su mensaje violento, principalmente en Internet, y a crear grupos locales en cada municipio para la rápida detección de posibles conflictos.

Cada grupo local está formado por representantes de la Policía Local, Policía Autonómica en su caso, Ayuntamiento, Juzgados, Centros Escolares, Asuntos Sociales, Entidades Sociales y Colectivos de Riesgo. Para facilitar los trabajos se diseñó un sistema específico de intercambio de información entre la Administración Local y la Central.

7. Colaboración internacional: Se busca promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas contra el terrorismo y participar activamente en los foros internacionales. El pasado octubre el Gobierno llevó a varias víctimas del terrorismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que fuesen escuchadas en ese foro.

Otra de las medidas que España está impulsando en el ámbito internacional es la implantación del Passenger Name Record (PNR) europeo, para lo que ya han adaptado incluso la legislación española a la espera de que el Parlamento Europeo de luz verde a este mecanismo tras cinco años de debates. El 'PNR' es un fichero de metadatos que ya utilizan otros países como Estados Unidos o Canadá para prevenir la entrada de elementos yihadistas en sus fronteras.

8. Buscar el consenso entre partidos: En el texto que firmaron Rajoy y Pedro Sánchez en febrero se recogía la necesidad de "promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria".