La testaferro de Granados dijo no poder pagar 25.000 euros de fianza pero tenía un casa valorada en 1,3 millones

La testaferro del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, María José Marijuan, alegó ante el juez no poder pagar una fianza de 25.000 euros que pedía la Fiscalía, a pesar de que según el Ministerio Público, tenía una vivienda cercana a La Moraleja valorada en 1,3 millones de euros, según las grabaciones de las declaraciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

María José Marijuan es la esposa de Ignacio Palacios, el que fuera jefe de gabinete del exalcalde de Valdemoro. Según el sumario, ella participaba en una decena de empresas en lugar de Francisco Granados, haciendo de testaferro para él.

El juez Eloy Velasco, que explicó a María José Marijuan que podía responder a las preguntas que "le den la gana", citó al inicio de la declaración cerca de una decena de sociedades en las que ésta habría participado en "delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal", junto con su marido y Francisco Granados.

EL JUEZ: RESPONDA A LAS PREGUNTAS QUE "LE DEN LA GANA"

Se trata de "Norian 2000, March Consulting, Sega integrales, Aijoven consulting, Servicios Patrimonioales de Obras y Vias, Circuito de Prácticas Pista Sur, Bustren y una finca en la Higuera en Avila". Según el juez, las sociedades se usaron para que el señor Granados cobrara comisiones de empresarios.

La testaferro de Granados se acogió a su derecho de no declarar y sólo respondió a su abogado, quien se limito a hacerle preguntas sobre su situación familiar y económica actual.

María José Marijuan respondió que tenía tres hijos y que el padre de ella se encontraba en una clínica en cuidados paliativos con un cáncer terminal. Aseguró que era autónoma, aunque sin precisar la dedicación,

y dijo que las cosas no le habían ido "todo lo bien" que hubiera querido en los últimos años. Por este motivo, alegó que estaban intentando cambiarse de casa, con el fin de reducir los gastos que suponía mantener la que poseían en el momento de la declaración.

Argumentó también que no tendría inconveniente en colaborar y respnder a las preguntas que la hagan en otro momento, pero que en aquel instante no podía por haber pasado unos "días malos emocionalmente" debido a la enfermedad de su padre.

El juez le espetó que el inconveniente "seguramente" lo tendrá él en que la investigada vuelva otro día porque, dijo: "no sabe usted la de declaraciones que puede haber aquí si todo el mundo me dijera lo mismo. Pero está usted en su derecho y se lo respetamos".

Tras esta breve explicación, la Fiscalía explicó que María José Marijuan tiene una vivienda cercana a La Moraleja, valorada en 1,3 millones de euros por la que pagaba un crédito hipotecario de más de 2.000 euros mensuales. Ante lo que la testaferro de Granados precisó que la casa no estaba en La Moraleja y que urbanizaciones con jardines y piscina hay muchas cerca, como por ejemplo Las Tablas.

La Fiscal prosiguió su explicación y pidió como medidas cautelares la prisión eludible bajo fianza de 25.000 euros. El Ministerio Público alegó para esta petició "toda la trama de sociedades" que había descrito el juez en las que la testaferro había participado en actividdades del blanqueo de capitales ayudando a cargos públicos a "ocultar, transformar y poner a buen recaudo ganancias ilícitas procedentes de hechos delictivos de cohecho, prevaricaciones, malversaciones y fraudes".

TRAMA EXTENDIDA A VALENCIA, CASTELLON Y BALEARES

También expuso que había riesgo de que intentara "neutralizar" las fuentes de prueba ya que algunas de esas sociedades habían tenido un desarrollo mercantil con "la diputación de Valencia, aeropuerto de Castellón, instituto de Turismo de Baleares", una expansión fuera de la Comunidad de Madrid que en aquel momento se estaba investigando.

El abogado de María José Marijuan alegó que su defendida no podía hacer frente a esa suma y que como mucho podría ingresar como fianza unos 5.000 euros. Además, aseguró que no conocían "nada" de lo que se la imputaba, que no podía destruir pruebas porque ya habían registrado su casa e incautado todos los dispositivos electrónicos y que no tenía ningún riesgo de fuga por el arraigo familiar y por la imposibilidad económica de hacer frente a ella.