El juez tomará declaración esta mañana a los cinco investigados que no fueron detenidos

El juzgado comenzó anoche a tomar declaración a los detenidos en la operación desarrollada contra esta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían, presuntamente, de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La primera en comparecer ante el juez fue la exconcejala del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. La antigua edil, que fue detenida por la mañana, pasó a disposición judicial ayer pasadas las 22.30 horas. Estuvo en el Juzgado hasta las 00.00. El magistrado instructor decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros. El juez, además, acordó el embargo de bienes como medida cautelar.

La exconcejala del Ayuntamiento de Valencia queda imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En la causa hay otros 28 investigados, que empezarán a declarar ante el juez hoy.

De este modo, en las próximas horas, los otros 23 detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que esta mañana, además, tiene previsto tomar declaración a otras cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas ayer.

Entre estas cinco personas se encuentran el concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Hay otros cinco investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

ARRESTOS

Entre los 24 detenidos ayer se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. También ha sido arrestado el exvicepresidente de la corporación provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exsecretario autonómico de Deporte y exdiputado en las Corts Valencianes, David Serra; la exconcejala María José Alcón y quien fuera su marido, el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos.

También se encuentran entre los detenidos el exacalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster; y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además de los 9 citados, ayer también fueron arrestados 12 empresarios, dos arquitectos y Pedro Aracil, extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de confianza del grupo popular--, han confirmado fuentes conocedoras.

En la operación desarrollada ayer se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública de construcción de infraestructuras educativas Ciegsa) y fundaciones (como la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

REGISTROS

En total, se han practicado registros en 14 domicilios particulares y 19 en sedes sociales. En Valencia se realizaron 12 registros en la capital y 17 en distintas localidades de la provincia; en Alicante, 3 registros la capital, Denia y Muro de Alcoy; y en Castellón, 1 registro en la capital de la Plana.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, quien está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados ayer.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación de ayer encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.