Última hora del coronavirus: Sanidad notifica 179.125 contagios, 125 fallecidos y 3.127 de incidencia

Las autoridades griegas han decidido este miércoles ampliar una semana más las medidas fijadas para contener el avance de la pandemia, al mismo tiempo que endurecen las restricciones para quienes lleguen al país.

En este sentido, restaurantes, bares y locales de ocio nocturno deberán atender a los clientes en mesa y deberán cerrar sus puertas antes de la medianoche. El uso de la mascarilla es obligatoria en todos los establecimientos, así como en el transporte público, mientras que en estadios y pabellones deportivos el aforo no podrá ser superior al 10 por ciento.

Todas aquellas personas que quieran acceder a una residencia de mayores o al hospital deberán presentar una prueba PCR negativa y solo los vacunados o aquellos que demuestren haber superado la enfermedad tendrán acceso a establecimientos y locales comerciales.

Por otro lado, todas las personas que deseen ingresar en el país deberán completar como requisito previo un cuestionario sobre las condiciones de su viaje, lugar de procedencia, destinos anteriores, así como la duración de su estadía en Grecia y el lugar en el que se alojará.

La decisión de las autoridades se ha tomado a tenor de la reciente nueva ola que golpea al país, que en las últimos días ha estado superando máximas diarias de nuevos contagios. Desde que comenzó la semana, más de 25.000 estudiantes y docentes dieron positivo a su vuelta de las vacaciones de Navidad. En total, Grecia ha registrado desde que estalló la pandemia más de 1,5 millones de casos de coronavirus, de los cuales 21.559 corresponden a los casos de aquellos que no han logrado superar la enfermedad.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se ha culminado la negociación con Pfizer para adelantar la compra de 'Paxlovid', el nuevo fármaco de Pfizer contra la COVID-19.

"Una gran noticia, pues vamos a contar con otra arma de lucha contra el virus", ha aseverado Darias, al tiempo que ha explicado que, con la información disponible sobre el medicamento, en determinados casos, ha mostrado una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización relacionada con COVID-19 o muerte por cualquier causa en comparación con

placebo dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas.

Actualmente se encuentra en evaluación por procedimiento centralizado por la EMA desde el 19 de noviembre de 2021 y está prevista su autorización para dentro de pocas semanas, ha recordado la ministra.

El presidente del Gobierno anunció el 10 de enero la firma de un acuerdo bilateral de compra con Pfizer para hacerse con 344.000 tratamientos completos. Se trata de un contrato por un año que se

adicionará a la compra conjunta centralizada que realizaremos con la UE.

La ministra ha explicado que, para poder asegurar el suministro de este medicamento de manera equitativa atendiendo a criterios de priorización establecidos, la AEMPS realizará una distribución controlada a través de la aplicación de Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales. Así, se establecerá el procedimiento con las Comunidades y Ciudades autónomas, así como los criterios de priorización en los que ya se vienen trabajando con un grupo de expertos para el resto de medicamentos activos frente a la COVID-19.

El extenista alemán Boris Becker, tres veces campeón de Wimbledon, criticó este miércoles como algunas expresiones de la familia del tenista serbio Novak Djokovic en los últimos días tras la polémica surgida por su ingreso en Australia y le recomendó vacunarse contra la COVID-19.

"El padre realmente se pasó de la raya. Algunas declaraciones que hizo hace cuatro o cinco días seguramente hoy las lamenta. Algunas de las declaraciones de su familia seguramente no le ayudaron", dijo el exentrenador del número uno del mundo en declaraciones a Eurosport. Srdjan, padre de Djokovic, dijo en una rueda de prensa en Belgrado que "Jesús fue crucificado y le hicieron de todo, pero está vivo entre nosotros incluso ahora". "Ahora Novak está siendo crucificado, le están haciendo de todo".

Los padres de Djokovic son "muy emocionales y también su hermano; eso no siempre es comprensible", dijo Becker tras la polémica surgida con 'Nole', cuyo ingreso a Australia fue denegado en un primer momento porque no está vacunado contra el coronavirus y las autoridades consideraron insuficiente la excepción médica presentada.

Dado que los funcionarios fronterizos no le dieron el tiempo acordado para aclarar su situación, el lunes un juez falló a favor del tenista, que había quedado retenido en un hotel y fue liberado. Pero aún no está claro si puede permanecer en Australia y participar en el Abierto de Australia. Se espera una decisión definitiva antes del jueves.

"El pobre me da pena. Lo conozco muy bien y seguimos siendo muy amigos. Algunas cosas se hicieron mal", dijo Becker y subrayó: "La pregunta es: ¿quién fue el malo de la historia? La opinión pública considera que fue Novak Djokovic. Cometió una doble falta, pero tenía los documentos correctos", apuntó.

El alemán, de 54 años, recomendó que, de cara a los próximos torneos en los que participe, el serbio se vacune. "Los reglamentos se volverán más bien más estrictos en vez de más relajados. Por eso, mi opinión sería: muchacho, ahora juega el Abierto de Australia lo mejor que puedas, pero luego intenta entender que si te vacunas será más fácil para ti. No sé si lo hará", manifestó Becker.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avalado el uso de los fármacos baricitinib y sotrovimab para tratar a los pacientes con COVID-19. En concreto, el baricitinib, un tipo de medicamento conocido como inhibidor de la Janus quinasa (JAK) que también se utiliza para tratar la artritis reumatoide, se recomienda encarecidamente para los pacientes con COVID-19 grave o crítica en combinación con corticosteroides. Su recomendación se basa en pruebas de "certeza moderada" de que mejora la supervivencia y reduce la necesidad de ventilación, sin que se observe un aumento de los efectos adversos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha lamentado los elevados precios de los test de antígenos, asegurando que ella también ha pagado por los mismos 7 u 8 euros. "No puede ser", ha sentenciado.

Antes de conocer el precio máximo de los test de antígenos que fijará el Gobierno este jueves, la vicepresidenta ha argumentado el retraso de esta decisión, defendiendo que, hasta el momento, la prioridad del Ejecutivo ha sido garantizar los suministros, sobre todo en el periodo navideño.

En este sentido, ha recalcado en una entrevista en el programa 'Julia en la onda' de Onda Cero, recogida por Europa Press, que en este tiempo los test han sido un "instrumento muy eficaz", aunque ahora ha recalcado que "ha llegado el momento" de fijar precios. "Es necesario".

Así, además de la bajada del IVA ya aprobada, la ministra aboga por asegurar que productores e intermediarios que operan en estos mercados no tengan beneficios extraordinarios.

"Vamos a ver cómo lograr un buen equilibrio para seguir garantizando que va a haber un suministro y que se va a seguir la producción pero, al mismo tiempo, bajar lo más posible porque se ha convertido en un instrumento de primera necesidad", ha remarcado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este miércoles que los test de antígenos tengan un precio máximo de dos euros y que incluso sean gratuitos para las familias "cuyo nivel de renta no les permita adquirirlos". Además, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya intentado bajar los precios de esas pruebas antes de Navidades, como le solicitó su partido ante el avance de la variante ómicron.

"Millones de familias se han dejado estas Navidades un buen pellizco en los test de antígenos. Hay gente que ha tenido que pedir a los reyes mayos que le traigan un test de antígenos", ha declarado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado, que se ha incorporado a su labor presencial tras haber estado confinado por coronavirus.

Por todo ello, el PP ha pedido --antes de la reunión del Consejo de Ministros de este jueves que regulará el precio de esta prueba-- que los test de antígenos tengan un precio máximo de dos euros y ha recalcado que el PP solicitó esa bajada en diciembre en el Congreso en dos ocasiones, por boca de la exministra de Sanidad y responsable de Política Social del partido, Ana Pastor. "Proponemos que los test tenga un precio máximo de dos euros y vamos a pedirle al Gobierno que no acabe el día de hoy sin que los test tengan ese precio máximo", ha declarado el 'número dos' del Partido Popular.

Además, García Egea ha defendido la gratuidad de los mismos para familias con rentas bajas, dado que es "un elemento de primerísima necesidad para protegerse uno mismo pero también a los demás". "Si tuviera sensibilidad, deberían ser gratuitos", ha manifestado, para añadir que esas familias más vulnerables "no pueden elegir entre pagar la luz, llenar la nevera o adquirir test".

El doctor Bruce Aylward, asesor sénior de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no cree que la variante ómicron vaya a ser la última del virus de la COVID-19, por lo que ha advertido de la posibilidad de que en el futuro surja una más mortal mientras siga circulando el virus.

"Ómicron probablemente no será la última variante de la COVID-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay que de que surja una nueva variante más mortal que ómicron", ha alertado en rueda de prensa este miércoles.

El Vaticano ha impuesto el uso de mascarillas FFP2 en los lugares cerrados y ha suspendido los viajes de trabajo para todos sus empleados "salvo una específica" justificación hasta el próximo 28 de febrero. Así se deduce de la nueva disposición firmada por el Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, el obispo español Fernando Vérgez Alzaga.

Estas medidas se suman a otras ya adoptadas para revertir los contagios de coronavirus como la obligación de presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus, aplicado a los vacunados o a quienes hayan pasado recientemente la enfermedad, a todos los trabajadores de los dicasterios, organismos y oficinas de la Curia Roma ana y de las instituciones vinculadas a la Santa Sede, y a los turistas que visiten, por ejemplo, los Museos del Vaticano.

Desde el 13 de diciembre, el Vaticano no permite acceder a sus puestos de trabajo a las personas que no presenten el certificado de vacunación contra el coronavirus, de manera que se considera faltar por esa razón una "ausencia injustificada" lo que conlleva la suspensión del sueldo.

Sin embargo, los fieles que acuden a las misas que se celebran tanto en la basílica de San Pedro como en la parroquia de Santa Anna, como también a las audiencias que preside el Pontífice los miércoles en el aula Pablo VI, están exentos de esta obligación. En las zonas exteriores del Vaticano, se podrá seguir llevando una mascarilla quirúrgica.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha advertido sobre el incremento de pacientes que están sobrellevando los urgenciólogos debido al alza de los contagios de COVID-19. En este sentido, alertan de que las visitas a Urgencias han aumentado en torno a un 30-50 por ciento, "superando por completo la capacidad de los servicios de urgencias y emergencias que, además, están sufriendo las bajas COVID-19 de muchos de sus profesionales".

"Lo avisamos hace unas semanas y la situación no ha hecho más que empeorar. Estamos al límite. ¿Qué ocurriría si parásemos los servicios de Urgencias y Emergencias? El colapso del sistema sería inmediato. Estamos exhaustos. Las urgencias están al borde del abismo. Venimos tiempo avisándolo y no se están tomando medidas", ha comentado el presidente de SEMES, Tato Vázquez-Lima.

Según denuncian los urgenciólogos, la incidencia acumulada y el aumento de la hospitalización de críticos "afectan directamente a los servicios de urgencias y emergencias debido a las necesidades de estos pacientes, que precisan de una valoración clínica inicial, estratificación de riesgo y decisión de ingreso o tratamiento domiciliario".

Vázquez-Lima recuerda que los servicios de urgencias y emergencias son "un pilar fundamental" para la sanidad española y reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que regule "de una vez por todas y como es debido estos servicios, ya que solo así se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos".

"Lo único que esperamos es que nuestro Presidente del Gobierno se tome en serio esta cuestión. Porque imagínense qué ocurriría en nuestro país si las urgencias dejasen de funcionar porque ya no podemos más, no solo porque estamos agotados, sino porque no nos sentimos ni apoyados ni reconocidos. Señor Pedro Sánchez, estamos al borde del abismo. Escúchenos de una vez: Especialidad de Urgencias ya", ha remachado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado, a la espera de las decisiones que ratifique el subcomité clínico, que a su modo de ver, con alza de contagios de covid-19 pero dado que la situación sanitaria en Galicia "no es preocupante", lo conveniente es continuar manteniendo las restricciones en vigor "en las próximas semanas" (con una vigencia que expiraba el 18 de enero), hasta que baje la curva. En declaraciones a los medios en Carballo (A Coruña), el presidente gallego ha reconocido "tensiones en la sanidad, especialmente en la Atención Primaria", pero ha subrayado que "el 99,3% de las personas contagiadas por covid están en sus casas".

En las UCI ve controlada y "estable" la situación y, si bien ha constatado el incremento de las hospitalizaciones en planta, también ha apuntado que encajan con las previsiones de la Administración autonómica, que había calculado que se iba "a llegar y superar" los 500 ingresos, "lo que se está produciendo poco a poco".

"En este contexto, nos parece que, mientras que no baje la incidencia, debemos mantener con carácter general las decisiones que tomamos en días anteriores. Son decisiones de mínimos, mínimas: mantenemos la hostelería con horarios normales y el ocio nocturno hasta las tres, que en este momento de contagio masivo por ómicron, nos parece una propuesta razonable", ha aseverado.

Al margen de las restricciones en hostelería y ocio nocturno, antes de Fin de Año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también autorizó la ampliación de la exigencia del certificado covid, y la prohibición de reuniones entre no convivientes, en espacios públicos y privados, entre las 3,00 y las 6,00 de la madrugada. El horizonte temporal de vigor de las medidas estaba en el 18 de enero.

En esta coyuntura, a la espera del pronunciamiento de los expertos sanitarios que asesoran a la Xunta, ha remarcado que él ve conveniente mantener las decisiones tomadas a final de año (y en principio vigentes hasta el 18 de enero) "en las próximas semanas" y "hasta que no empiece a bajar la curva de nuevos contagios diarios".