Última hora del coronavirus: Sanidad notifica 159.161 contagios, 112 fallecidos y la incidencia se sitúa en 3.156

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado este jueves la ley de la Administración del presidente, Joe Biden, que obligaba a las grandes empresas a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el coronavirus, o al menos presentar pruebas negativas periódicas, así como a usar mascarilla en los puestos trabajos, aunque sí ha aprobado la norma para los trabajadores de los servicios públicos de salud. "Aunque el Congreso ha dado a la OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) el poder de legislar los peligros en los puestos de trabajo, no le ha dado a esa agencia el poder de legislar la salud pública en un sentido más amplio" y "exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses porque trabajan para empresas con más de 100 empleados, cae en la última categoría", ha argumentado la mayoría conservadora del Supremo.

Por su parte, los jueces progresistas han criticado duramente la decisión tomada por sus compañeros ya que con su fallo no permiten a la OSHA "responder de la manera más efectiva posible" a una pandemia que sigue avanzando y cobrándose más vida. "Este Tribunal le está diciendo a la agencia encargada de proteger la seguridad de los trabajadores que es posible que no lo pueda hacer en todos los puestos de trabajo", han censurado, informa la CNN.

La decisión ha sido lamentada también por el presidente Biden, quien a través de un comunicado ha mostrado su "decepción" ante el bloqueo de una norma basada en "la ley y la ciencia" que busca "salvar vidas". Como consecuencia, señala, "ahora depende de los estados y de los empleadores determinar si sus lugares de trabajo son seguros tanto para sus empleados como para sus clientes" y ha defendido la necesidad de trabajar juntos si se quiere dejar atrás esta pandemia.

No obstante, Biden sí ha celebrado la decisión del Supremo de aplicar dicha ley sobre los trabajadores de los servicios federales de salud. Eso, ha destacado, "salvará vidas", las de "los pacientes que buscan atención (...), así como las de los médicos, enfermeras y otros trabajadores. El jefe de la Casa Blanca ha explicado que la medida implica la vacunación de 10,4 millones de trabajadores, repartidos en 76.000 instalaciones.

La medida de la Administración Biden buscaba beneficiar a unos 80 millones de personas que a día de hoy se desempeñan en empresas de más de cien trabajadores, las únicas a las que le afectaría la norma, que obligaba los empleadores a asegurarse de que sus empleados habían sido vacunados, o al menos presentar pruebas negativas de coronavirus periódicas, así como a utilizar la mascarilla, salvo algunas excepciones de carácter religioso

A la cabeza en contagios reportados en el último día está Cataluña, con más de 34.706, así como la Comunidad de Madrid 20.047 y la Comunidad Valenciana 19.278.

En el caso de Andalucía, la tasa de incidencia se ha mantenido a la baja por tercer día consecutivo y se sitúa en 1.488 y en otros territorios como en la Comunidad de Madrid baja de 2.528 a 2.475 casos en el último día.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 7.930.528 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 3.156,63 puntos, frente a 3.127,91 puntos de ayer miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 1.495.774 positivos.

Sanidad notifica 159.161 contagios más: la incidencia acumulada sube hasta los 3.156,63 casos

La Consellería de Sanidade ha notificado este jueves otros cuatro fallecimientos en Galicia, lo que eleva la cifra total de muertes vinculadas al SARS-Cov-2 a un total de 2.836 personas.

Según el parte de decesos emitido en la tarde noche de este jueves, el lunes 10 de enero se produjo la muerte de una mujer de 92 años en el Hospital Universitario Lucus Agusti, que se ha sumado ahora al cómputo.

El Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS) ha denunciado la "presión" sufrida este jueves por un equipo de pediatras que, al acudir a la vacunación de los escolares en un colegio de Vila-real, se ha encontrado a un grupo de antivacunas congregado en los alrededores. Además, los sanitarios han denunciado que tras iniciar su trabajo un agente de policía les ha pedido que se identifiquen.

Según ha explicado el órgano colegial en un comunicado, el equipo de pediatras que durante la mañana estaba vacunando a los escolares del CEIP Pascual Nácher, de Vila-real, ha denunciado que en la puerta de acceso al centro educativo estaba congregado un grupo de negacionistas antivacunas.

Las comunidades autónomas de España han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 159.161 nuevos casos de COVID-19, 70.803 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, según los datos del departamento liderado por Carolina Darias.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 7.930.528 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 3.156,63 puntos, frente a 3.127,91 puntos de ayer miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 1.495.774 positivos.

En el informe de este miércoles se han añadido además 112 nuevos fallecimientos. Hasta 90.620 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

Actualmente, hay 17.269 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (17.028 miércoles) y 2.227 en UCI (2.228 miércoles). En las últimas 24 horas se han producido 2.428 ingresos (2.466 miércoles) y 2.176 altas (2.184 miércoles). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 13,87 por ciento (13,71% miércoles) y en las UCI en el 23,62 por ciento (23,77 miércoles).

Las comunidades autónomas han realizado 2.174.362 pruebas diagnósticas, de las cuales 914.782 han sido PCR y 1.259.580 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 4.623,72.

Mientras tanto, la tasa de positividad se sitúa en el 39,87 por ciento, frente al 38,89 por ciento del miércoles. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5 por ciento para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

El Ejército de Estados Unidos ha relevado de su cargo a seis comandantes en activo por negarse a cumplir el mandato de la vacunación obligatoria, al mismo tiempo que ha emitido cerca 3.000 resoluciones punitivas para aquellos soldados que se resisten todavía a ser inmunizados contra el coronavirus, según un comunicado del Departamento de Defensa.

Por el momento, el Ejército todavía no ha tomado medidas contra los 2.994 que han sido reprendidos por no acatar las normas del Departamento de Defensa, que fijó como fecha límite para la vacunación el 15 de diciembre de 2021, informa la CBS. Hasta ahora, el 96 por ciento de los soldados en servicio activo tienen la pauta completa de vacunación.

Ninguno de los cuerpos que conforman las Fuerzas Armadas estadounidenses ha otorgado una exención para vacunarse por motivos religiosos, a pesar de haber recibido cerca de 2.150. En el caso de la Marina, hay 5.209 militares en servicio que siguen resistiéndose a ser inmunizados contra la enfermedad, de los cuales veinte ya han sido sancionados.

La cuestión de la obligatoriedad de la vacuna en las fuerzas militares estadounidenses no ha gustado a algunos líderes republicanos, como al gobernador de Texas, Greg Abbot, quien anunció a principios de mes que demandaría a la Administración del presidente, Joe Biden, por lo que considera una medida anticonstitucional y permitir así que los efectivos de la Guardia Nacional destinados en ese estado puedan saltarse la prohibición.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impuso la vacuna obligatoria para todos los efectivos militares de los distintos cuerpos del Ejército el pasado 24 de agosto, dando a cada uno de sus responsables la autoridad para redactar sus propias guías de planes de actuación y guías de implementación y cronogramas.

A principios de diciembre, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, recordó las consecuencias que tendrían aquellos que se negaran a cumplir esta normativa, como la pérdida de su salario. Tras esta advertencia, los gobernadores republicanos de Wyoming, Alaska, Iowa, Mississippi y Nebraska, enviaron una carta de manera conjunta pidiéndole que reconsiderara la medida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que se empiece a preparar la gestión de la pandemia de coronavirus como una enfermedad endémica, pero ha precisado que eso no va a ocurrir "de un día para otro" y que se hará "con todo el rigor científico" y en cooperación con la UE. Sánchez, que el pasado lunes informó de que el Ejecutivo lleva semanas trabajando en un plan para tratar el coronavirus como la gripe común, se ha referido a esa planificación en la clausura del Sapin Investors Day, celebrado en Madrid.

El jefe del Ejecutivo, que ha considerado "un éxito de país" el proceso de vacunación, ha recalcado que eso ha permitido que haya una situación muy distinta a la de hace un año. En consecuencia ha señalado que "con todo el rigor científico, desde la máxima cooperación a nivel europeo y con el obligado deber de los gobiernos de anticipar las fases de esta emergencia sanitaria, debemos empezar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica", ha señalado.

A renglón seguido ha precisado que eso no ocurrirá "de un día para otro. No va a ser inmediato -ha recalcado- pero ese momento llegará y lo que tenemos que hacer los gobiernos es anticipar ese trabajo y diseñar ese futuro". El presidente del Gobierno ha considerado que los datos de los últimos días están apuntando a "una cierta y progresiva estabilización de los contagios".

Además, ha destacado hitos de la vacunación en España como que el 92,5 % de la población mayor de 12 años tenga la pauta completa, que casi el 60 % ha recibido la dosis de refuerzo y que el 37 % de niños menores de 11 años tengan ya al menos una dosis

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que su Gobierno adquirirá otros 500 millones de test para distribuir gratuitamente un total de mil millones de pruebas entre la población estadounidense, a lo que se sumará también un reparto aún por especificar de mascarillas de "alta calidad". "Sé que a todos nos habría gustado dejar de llevar mascarillas. Lo entiendo, pero es una herramienta muy importante para evitar los contagios", ha dicho Biden, en una comparecencia que llega precedida por una escalada sin precedentes de la pandemia que se ha notado especialmente en los hospitales.

La cifra de enfermos de COVID-19 ingresados en Estados Unidos ya supera el umbral de los 150.000, un dato inédito desde que comenzó la pandemia. La expansión de la variante ómicron del coronavirus ha hecho que, de media, el país norteamericano haya registrado unos 750.000 casos de COVID-19 cada día en la última semana, según la Universidad Johns Hopkins.

Biden ha abogado por seguir avanzando en la campaña de vacunación, ya que con las vacunas se ha prevenido de forma "abrumadora" que la actual ola de contagios haya desembocado en un dato inasumible de fallecidos o enfermos graves, y también por universalizar las medidas de prevención más básicas.

A finales de 2021, la Casa Blanca anunció la adquisición de 500 millones de test y ahora está "en proceso" de comprar otra cantidad equivalente, "para distribuirlos gratis", como ha señalado Biden, en una comparecencia en la que ha pronosticado que se realizarán unos 15 millones de pruebas al día en enero. El presidente ya había prometido esta semana que su Gobierno proporcionaría cinco millones de pruebas rápidas gratuitas por mes a las escuelas, además de los millones que entregará a la población en general.

Los servicios de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Consejería de Salud estudian un brote de coronavirus localizado en la planta cuarta del Hospital Reina Sofía de Murcia, con 18 pacientes infectados.

Los pacientes han sido reubicados en plantas de covid y los compañeros de las habitaciones han sido puestos en cuarentena, según informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

A causa del brote, cuyo origen se está investigando, y de las cuarentenas y aislamientos, se ha abierto una cuarta planta de covid en el hospital, y se han habilitado otras dependencias, como el gimnasio de Rehabilitación, por si fuese necesario el ingreso de pacientes no covid o su utilización como Unidad de Preingreso no covid.

La Junta de Andalucía prorrogará la posibilidad de exigir el certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- tanto para aquellas personas que accedan tanto a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, una vez que se ha sido ratificada la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según la Orden de la Consejería de Salud y Familias, la exigencia del certificado Covid-19 o prueba diagnóstica en usuarios que acuden a estos establecimientos facilita la prevención de infecciones y, en consecuencia, puede evitar la aparición de brotes en los mismas. Las personas sin inmunidad tienen mayor probabilidad de infectarse y de ser transmisores con mayor carga viral que las personas con inmunidad, lo que justifica que se evite el acceso de estas a los lugares considerados de alto riesgo de exposición, se indica en nota de prensa.

La norma establece que los usuarios mayores de 12 años podrán acceder al interior de estos espacios cuando acrediten la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la Covid-19 para la cual se concedió una autorización de comercialización, de conformidad con el Reglamento (CE) 726/2004; que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos; o las personas que se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos seis meses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, no siendo válido otro tipo de test.

Del mismo modo, al consejería indica también que para acceder a estos establecimientos será imprescindible que los usuarios acrediten documentalmente tanto su identidad, como de la concurrencia de cualquiera de las tres circunstancias previstas en el mismo.