La nueva normativa no hará rentable el autoconsumo doméstico hasta más allá de 30 años

El proyecto de real decreto de autoconsumo planteado por el Ministerio de Industria hará prácticamente "inviable" el desarrollo de esta actividad en los hogares, ya que alargará la recuperación de la inversión por encima de los 30 años, prácticamente la vida máxima de las instalaciones, mientras que en el caso de las pymes sería de 7,5 años, según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

En un encuentro con la prensa, el director general de UNEF, José Donoso, calificó el real decreto de "bastante tramposo" y ha asegurado que representa una regulación contra el autoconsumo "sin parangón en el mundo" y una apuesta por el pasado, "cerrando cualquier puerta" a su desarrollo.

De esta manera, Donoso, que aseguró que la patronal presentará sus alegaciones en este periodo de consulta del documento y, si finalmente se aprueba, llevará a cabo "toda la lucha legal posible", afirmó que la nueva normativa convertirá a España, "el país del sol", en el país con la regulación "más dañina" con el desarrollo del autoconsumo.

Así, la asociación pide una regulación que introduzca el concepto de 'balance neto' (ceder a la red el excedente de energía generada a cambio de tomar de ella un equivalente cuando se necesite), como la mayoría de países con regulaciones de autoconsumo.

En este caso, la introducción del 'balance neto' en España sin el conocido como 'impuesto al sol' reduciría el periodo de amortización de una inversión de autoconsumo para un hogar a 13 años y a poco más de 4 años en el caso de una pyme.

Según UNEF, la legislación vigente ya supone alargar los tiempos para amortizar el autoconsumo, hasta 16 años y 5 años en el caso de un hogar y una pyme, pero los borradores de la nueva normativa no han hecho más que ampliar estos periodos hasta hacer prácticamente inviable su desarrollo. Además, prevé un cargo extra para aquellas instalaciones que cuenten con sistemas de almacenamiento de energía.

Asimismo, Donoso señaló que el texto no sólo mantiene el 'impuesto al sol' del primer borrador, sino que "lo agrava", ya que el peaje de respaldo previsto para la energía autoproducida y autoconsumida pasa a denominarse en este nuevo texto 'cargos' por peaje de acceso a las redes, con un descuento por los ahorros en transporte, más otros costes.

"MISMO PERRO CON DISTINTO COLLAR".

"El 'impuesto al sol' es más pequeño con respecto al anterior en términos absolutos, pero el término variable tiene unos recargos bastantes importantes", afirmó Donoso, señalando que se trata "del mismo perro con distinto collar".

Además, UNEF denuncia que el real decreto es discriminatorio con el autoconsumo fotovoltaico con respecto a otras fuentes de energía y medidas de eficiencia energética, como el uso de electrodomésticos eficientes.

Así, mientras que el llamado 'impuesto al sol' que se quiere imponer a los pequeños autoconsumidores fotovoltaicos no aportaría al sistema más de 15 millones anuales, estima que si se aplicaran estos cargos a las grandes centrales de energías fósiles supondrían unos ingresos para el sistema de en torno a los 230 millones al año, mientras que en el caso del autoconsumo por cogeneración, exento hasta 2020 de los cargos, representaría unos 100 millones al año.

De esta manera, la asociación considera que el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico tendría una incidencia mínima en los ingresos del sistema, ya que cada 100 megavatios (MW) de autoconsumo (el año pasado tan sólo se instalaron 22 MW fotovoltaicos en total) supondrían una merma de 0,01% en los ingresos del sistema, 2,2 millones de euros.

PROHIBICIÓN A BENEFICIARIOS DEL BONO SOCIAL Y PVPC.

Por otra parte, apunta que el nuevo borrador, que carga también contra la pobreza energética prohibiendo a los beneficiarios del bono social y del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) tener un sistema de autoconsumo, reconoce la idoneidad del autoconsumo en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, pero sólo lo exime del pago del 'impuesto al sol' hasta 2020, "un periodo insuficiente" para amortizar las instalaciones.

Además, UNEF denuncia la normativa mantiene las multas de hasta 60 millones para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa, una sanción "desproporcionada" que es el doble de la multa prevista para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo.

Finalmente, la asociación considera que la propuesta de real decreto de Industria vulnera la constitución española, así como las directivas europeas, y que lo que busca es evitar la entrada de competencia en el mercado.