Desarticulada supuesta organización criminal de 22 miembros dedicada a la compra y venta de motos en Sevilla

La Guardia Civil de Utrera (Sevilla) ha dado por desmantelada una supuesta organización criminal compuesta por 22 personas, que han sido puestas a disposición judicial, dedicada a comprar motocicletas mediante "financiación fraudulenta", para la que usaban documentación falsa, y que posteriormente vendían a terceros a precio "mucho más bajo que el de mercado".

Según ha informado este domingo la Benemérita en una nota, los agentes han comprobado que los presuntos miembros de esta organización, compuesta por 22 personas, usaban para las financiaciones fraudulentas documentación que provenía de robos/hurtos en vehículos o bolsos, o en otros casos la documentación la entregaban sus propios titulares —"generalmente indigentes o drogadictos"— a cambio de dinero en metálico o sustancias estupefacientes.

La organización, según indica la Guardia Civil, se encontraba "muy bien estructurada, con roles perfectamente definidos", de forma que el líder se encargaba de recabar la documentación, falsearla y realizar las compras de motocicletas que siempre se hacían de forma telemática, en establecimientos de Madrid y Burgos y cuyo destino eran localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, siendo el día de la entrega de las motocicletas cuando este ya se encontraba en ruta y cambiaban el lugar de entrega que en principio se había determinado, "con la finalidad de eludir la acción policial en caso de que hubiesen sido descubiertos".

Esta actuación de la Guardia Civil se ha realizado en el marco de la operación policial denominada 'Whoops', que se inició el pasado mes de enero y ha durado diez meses, saldándose con la recuperación de diez motocicletas de modalidad motocross.

Además del presunto delito de pertenencia a organización criminal, a los supuestos miembros de la organización se les imputan delitos de falsedad de documentos y de estafa, siendo las víctimas de las estafas diferentes empresas financieras que dieron por buena la documentación que presentaban para las distintas financiaciones —DNI, nóminas, certificados de empresas, de minusvalía, todos ellos "falseados"—, ascendiendo el total de lo estafado a 270.000 euros.

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