¿Cómo reparar a las víctimas del Pistolero de Tarragona?

Tras intentar sin éxito paralizar la aplicación de la eutanasia al exvigilante de seguridad Eugen Sabau, conocido como el Pistolero de Tarragona, porque no había podido ser juzgado, a las víctimas solo les queda la vía administrativa o civil para conseguir una compensación económica por los daños ocasionados.

La legislación española establece que la muerte del acusado o condenado supone la extinción de la acción o la responsabilidad penal, es decir, se da carpetazo al procedimiento penal.

El abogado de los Mossos intentó a última hora, sin éxito, paralizar la eutanasia mediante una demanda con medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una vez la Audiencia de Tarragona y el Tribunal Constitucional rechazaron su pretensión de que quedase sin efecto el aval a la muerte asistida.

Ayer martes se le aplicó la muerte asistida en el Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona), donde permanecía en el módulo penitenciario, debido a la lesión medular irreversible que sufrió al ser neutralizado tras atrincherarse después de su ataque.

Extinguida la responsabilidad penal, solo quedan la vías administrativa y civil para que las víctimas obtengan algún tipo de compensación económica por lo sucedido, más factible en el caso de los agentes y más complicada para sus excompañeros de trabajo.

Como ha explicado a Efe el abogado José Antonio Bitos, que representa al mosso herido de bala en nombre del sindicato USPAC, el agente recurrirá a la vía administrativa donde considera que tiene garantizada una indemnización en base a una sentencia del Supremo.

En una resolución de 2020, el alto tribunal fijó doctrina señalando que cualquier policía que sufra lesiones en acto de servicio y no pueda ser indemnizado por fallecimiento del acusado, corresponde a la administración de la que depende abonar dicha indemnización, en este caso la Generalitat de Catalunya.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan que la Generalitat está constituida en garante y obligada a poner todos los medios para evitar daños, por lo que no tendría que haber problema alguno para una reclamación, más aún cuando la Conselleria de Interior tiene concertado un seguro de accidentes para sus funcionarios policiales.

El letrado está a la espera de que el juzgado decrete el archivo para iniciar un procedimiento administrativo ante la Conselleria alegando que el mosso sufrió lesiones en acto de servicio y, en caso de que este organismo lo deniegue o no resuelva en tres meses, ya interpondrá un recurso contencioso administrativo ante un juzgado.

Más complicado se antoja el panorama para los excompañeros del fallecido. Para ellos la única vía sería la civil, bien contra los hipotéticos herederos de Sabau o contra la empresa de seguridad.

En el primer caso, el letrado asegura que eso es harto improbable porque antes sus herederos tendrían que aceptar la herencia de Sabau y responder si fuera necesario con su patrimonio personal de las deudas del fallecido y "nadie va a responder con su casa sobre esta persona", que ya dijo que no tenía bienes.

Ahora bien, siempre se puede interponer una demanda contra la herencia yacente o ignorados herederos cuando no se conocen quienes son, pero incluso así el Estado no tiene ninguna vía para resarcir, ni siquiera de forma subsidiaria. "Difícilmente podrían cobrar, es una posibilidad muy remota", subrayan las fuentes.

Otra posibilidad es ir contra la empresa de seguridad, de manera que habría que examinar si la compañía tiene alguna póliza que cubra los daños causados a sus empleados en caso de incidente.

Sino fuera así, les quedaría interponer una reclamación patrimonial contra la empresa por no adoptar todas las medias exigibles para evitar que alguien pudiera entrar de manera sorpresiva, precisan las fuentes.

Esto es, ir contra la compañía por alguna omisión en algún protocolo de seguridad incidiendo en la facilidad que tuvo el investigado para acceder a la oficina, pero aun así el asunto es complejo, detallan las fuentes.

Pese a que la vía penal está agotada en España, el letrado espera ahora que la demanda que interpuso ante el TEDH salga adelante y se dicte una sentencia que siente jurisprudencia en toda Europa y que ponga límites al derecho a la muerte digna en casos como éste.

Aunque el objetivo final es que se reconozca que España ha vulnerado el derecho fundamental de las víctimas a un juicio justo y se condene a España a resarcir a las víctimas, pero solo a los mossos ya que los excompañeros del fallecido no han alegado vulnerabilidad ni seguido el trámite correcto para ir a Europa.