AI denuncia que gobiernos de América dan prioridad a los beneficios frente a los derechos de pueblos indígenas

El informe presentado por la organización analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y documenta las deficiencias que comenten estos gobiernos tales como la falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos contra líderes que cuestionan los proyectos así como la falta de control sobre la actuación de las empresas.

En este sentido, el adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, Mariano Machain, ha manifestado que "los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten". Asimismo, ha señalado que "hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos"

"los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre", ha apostillado.

En concreto, Amnistía Internacional ha puesto como ejemplo el caso de la comunidad indígena Sarayaku en Ecuador, que se enfrentaba a la posibilidad de perder parte de sus tierras a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no habían sido consultados. Por ello, presentaron una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló a su favor, otorgándoles el derecho de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa. Desde la organización señalan que la sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.

Asimismo, una de las líderes de Sarayaku, Patricia Gualinga, ha manifestado a la organización que la consulta solo será real si las autoridades demuestran que les toman en serio, respetan sus derechos y actúan de buena fe y con transparencia.

Finalnmente, Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se hagan realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.