AI, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC alertan de que la reforma sanitaria supone "una nueva violación de DDHH"

Amnistía Internacional (AI), Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC alertan de que España, con la reforma sanitaria que limita el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación administrativa irregular, incurrirá en "una nueva violación de derechos humanos" porque "vulnera" el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU suscrito por España.

En un comunicado, estas organizaciones denuncian que la no renovación, a partir de este sábado, de tarjetas sanitarias a este colectivo de inmigrantes mayores de edad "podría costar vidas" porque dejará a "miles" de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.

También critican que el Gobierno todavía no haya hecho pública la orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal. Las entidades firmantes temen que esta orden establezca "barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables".

Estas entidades recuerdan un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, 'Inmigrantes en situación irregular: acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembros de la Unión Europea', en el que destaca que España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia sanitaria para inmigrantes irregulares.

En relación al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que suscriben este comunicado consideran que "existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos". Por ello, solicitan al Gobierno que no adopte "represalias" ante el ejercicio por parte de estos profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, "suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población".

Así, recuerdan que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que "excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad".

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, indican que su centro de salud, al que suelen acudir tras recibir las agresiones, "se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas". También alerta de que es "especialmente grave" la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA.

SOLICITANTES DE ASILO Y VÍCTIMAS DE TRATA

Si bien celebran la inclusión en decreto de dos colectivos vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres víctimas de trata, también alertan de que la asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad "son muy pocas a las que se les concede esta opción".

Además, recuerdan que la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el "Protocolo Marco de Protección de Víctimas de seres humanos", adoptado por el gobierno en 2011.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el "cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales" y advierte de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ya advirtió a España de que la reforma sanitaria "no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal".